La pulseada entre la República Argentina y el Reino Unido por el control de la Cuenca Malvinas Norte sumó una respuesta material de envergadura diplomática y corporativa por parte de Gran Bretaña. A través de un comunicado ayer, el gobierno colonial de las islas oficializó la prórroga de todas las licencias de producción de hidrocarburos costa afuera por un período inicial de cinco años, extensibles a dos años suplementarios a discreción de la asamblea, ratificando el “pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.

La maniobra atiende a un factor de calendario: la concesión del bloque PL001 que expiraba el próximo 31 de diciembre. Con la firma de esta extensión, las autoridades coloniales garantizan la vigencia de los permisos hasta fines de 2031 (o 2033), condicionando la prórroga a un “avance satisfactorio” que forzará a las operadoras a comprometer la perforación de pozos adicionales de evaluación. Entre las firmas alcanzadas figuran Rockhopper Exploration —junto a sus controladas Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum— y Navitas Petroleum Development and Production.

En paralelo, el Ejecutivo isleño convalidó la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited del 65% del área PL001, transacción acordada en febrero y formalizada el 2 de marzo con la canadiense JHI Associates Inc., que retiene el 35% mediante su filial JHI Falkland. El bloque abarca unos 1.126 kilómetros cuadrados a 500 metros de profundidad y colinda directamente al este con la licencia PL032, epicentro de Sea Lion. Según estimaciones corporativas de JHI, el conjunto de sus prospectos reuniría 3.100 millones de barriles brutos, con áreas clave como Tyche y Dinlas calculadas en unos 400 millones de barriles recuperables cada una.

La asambleísta colonial Cheryl Roberts, responsable de Recursos Minerales, argumentó que las prórrogas “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo” y desafió: “Estos son nuestros recursos para desarrollar y garantizaremos que se desarrollen de forma responsable”.

La resolución británica emerge como un intento de blindaje frente a la escalada institucional argentina: llega seis días después de la guía comercial emitida por el Foreign Office, a tres días de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, tildara de “inaceptables” los reclamos de la cancillería argentina, y en respuesta directa a la medida cautelar de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó suspender materialmente los trabajos de Sea Lion hasta tanto intervenga la autoridad ambiental nacional.

Asimismo, Londres busca amortiguar el impacto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso argentino por Javier Milei, que prevé penas de 20 años de cárcel, juicios en ausencia y multas valuadas en barriles WTI. Mientras Argentina mantiene 60 sumarios administrativos y tres denuncias penales en Comodoro Py por infracción a la Ley 26.659, Gran Bretaña desafía la Resolución 31/49 de la ONU redoblando la concesión ilegítima de los recursos soberanos en la Plataforma Continental Austral.