Un día después de que la petrolera británica Rockhopper Exploration anunciara formalmente el inicio de la explotación del yacimiento Sea Lion en la Plataforma Continental Argentina, la Cancillería argentina emitió un comunicado manifestando el "más enérgico rechazo". Y si bien la respuesta era necesaria, su contenido reitera conceptos ya conocidos y evidencia una falta de acción ejecutiva frente a un proceso que lleva quince años.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo lo único que sabe hacer; repudiar la "Decisión Final de Inversión" (FID) anunciada por Rockhopper y su socio Navitas Petroleum, su socia israelí, para el desarrollo de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Sin embargo, el repudio llega tras la consolidación de un negocio multimillonario, cuyas licencias fueron ilegalmente otorgadas por la colonia británica desde el descubrimiento del yacimiento en 2012.

Las recicladas amenazas legales

La comunicación oficial de Cancillería de es jueves 11 de diciembre, se centra en recordatorios y advertencias varia veces dicha en el pasado, dotándola de una calidad de oportuna, pero vacía de contenido ejecutivo.

Una vez más Cancillería recuerda que toda exploración y explotación unilateral es contraria a las resoluciones de la ONU (2065 y 31/49) que instan a las partes a abstenerse de modificar unilateralmente la situación de las islas mientras dure el proceso de negociación. Amenazando a quienes operen con licencias ilegales con "medidas administrativas, legales y judiciales". Las cuales paradójicamente, el propio Ministerio confirma que estas acciones ya se tomaron años atrás: Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina por 20 años en 2013 y Navitas Petroleum fue sancionada de forma idéntica en 2022.

El problema radica en que, a pesar de estas sanciones previas, las empresas avanzaron igual, lograron la financiación, firmaron los contratos clave y ahora anuncian el inicio de la explotación. La Cancillería no especifica ninguna nueva acción ejecutiva o judicial contundente para detener la inminente perforación que se proyecta para 2028.

El comunicado advierte: "quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas..." Este mismo mensaje se ha escuchado durante la última década, mientras Gran Bretaña ha consolidado la usurpación de recursos pesqueros y avanza sin pausa hacia el saqueo hidrocarburífero.

La dejadez que permitió el avance final

La tibieza de la respuesta oficial contrasta con la gravedad del anuncio de Rockhopper: una inversión de 1.800 millones de dólares y una explotación proyectada de 917 millones de barriles que se extenderá por 35 años sobre territorio soberano argentino.

El proceso de venta de licencias ilegales y la exploración se desarrollaron a lo largo de 15 años, un período en el que los distintos gobiernos argentinos posteriores a la acción judicial de 2015 no lograron implementar una política de Estado eficaz para detener el avance colonial.

El anuncio de Rockhopper no es un riesgo futuro, sino la consolidación de un acto de usurpación con "efectos futuros potencialmente irreversibles", como lo reconoce el propio Ministerio, dada la naturaleza no renovable de los recursos.

Argentina necesita más que la simple reiteración de leyes violadas y sanciones antiguas. La profundidad de la crisis exige un plan de acción profundizado y ejecutivo, tal como lo promete la Cancillería en el cierre del comunicado, que debe traducirse en acciones concretas e inmediatas para salvaguardar los derechos e intereses soberanos en el Atlántico Sur.