El gobierno de Chile terminó de blanquear el alcance real de su postura frente al conflicto marítimo en el Atlántico Sur y reconoció de manera explícita que la embarcación privada que pretende reabrir la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas debe someterse a la jurisdicción administrativa argentina.
En su habitual vocería desde el Palacio de La Moneda, el ministro vocero de Gobierno y subsecretario general de Gobierno de José Antonio Kast, Gonzalo Arenas Hodar, afirmó que el buque carguero Danstar —operado por la naviera Easter Island Logistics— “tiene que pedir permiso” para realizar la travesía hacia el archipiélago usurpado, ordenando así el sentido de las declaraciones previas de su canciller Fernando Perez Mackenna y trasladando de lleno la responsabilidad política de la autorización al gobierno de Javier Milei.
Según consignó el portal chileno ZonaZero.cl, al ser consultado sobre la exigencia planteada por el canciller argentino Pablo Quirno para que la nave cumpla con la normativa nacional vigente, Arenas trazó una línea divisoria entre el Estado chileno y el armador comercial: “El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”; informó.
El sentido real de la frase “los países no piden permiso”
La definición del portavoz presidencial esclarece y completa la sentencia pronunciada días atrás por el ministro de Relaciones Exteriores trasandino, quien había replicado a Buenos Aires afirmando que “los países no piden permiso”.
Lejos de tratarse de una contradicción interna, La Moneda articuló una defensa jurídica en dos niveles que blinda al Estado chileno mientras le indica a la empresa privada qué ventanilla debe tocar:
Resguardo institucional del Estado: Al sostener que el Estado chileno no solicita permisos, Santiago preserva intacta su posición histórica respecto del Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y los protocolos bilaterales vigentes sobre el Estrecho de Magallanes, neutralizando al mismo tiempo la presión ejercida por los siete ex comandantes en jefe de la Armada chilena que exigían no sentar precedentes estatales sobre la vía interoceánica.
Reconocimiento de la potestad administrativa sobre el buque: Al afirmar taxativamente que "el que tiene que pedir permiso es el buque" y que "se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado", el Ejecutivo de Kast convalida en los hechos la aplicabilidad del Decreto PEN 256/2010 sobre las embarcaciones mercantes que transitan entre el continente y las Malvinas, reconociendo indirectamente la autoridad soberana y reguladora de la República Argentina en el área.
La presión política queda en manos de la Casa Rosada
Con este movimiento diplomático, el gobierno chileno se corre de un eventual choque de Estado a Estado, le indica sin rodeos a los dueños de Easter Island Logistics (Pablo Pacheco Mancilla, Víctor González Siebert y Eric León Zapata) que deben tramitar la autorización ante las autoridades argentinas y deja toda la carga de la decisión política sobre el escritorio de Javier Milei de aquí al próximo jueves 17 de diciembre, fecha fijada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) para el zarpe inaugural.
Mientras el carguero Danstar (IMO 7424059) ya se encuentra en Punta Arenas cumpliendo su etapa de alistamiento técnico en los astilleros estatales de ASMAR y en los depósitos de Logisur continúa el acopio de mercaderías iniciado el 4 de noviembre, el escenario para Buenos Aires queda delimitado en dos opciones ineludibles:
1) Si Easter Island Logistics presenta el pedido de autorización ante la Prefectura Naval Argentina, acatando la directiva implícita del vocero chileno, será el gobierno nacional el que deba resolver si habilita o rechaza el cruce.
2) Autorizar la operación sin mecanismos reales de inspección sobre las bodegas implicaría avalar un corredor logístico gestado en una reunión promovida por la Embajada británica en Santiago (2024-2025) que asistirá a la estructura colonial en vísperas del proyecto petrolero Sea Lion —cuyo pedido argentino de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se definirá el próximo 28 de noviembre— y que, según admitió la propia subdirectora de la FIDC, Louise Ellis, también busca proyectarse como vía de exportación de productos isleños hacia Chile.
Si la naviera intenta zarpar el 17 de diciembre sin haber tramitado el permiso, quedará expuesta a la interdicción naval prevista en la legislación argentina vigente y en el proyecto de ley impulsado por la diputada Agustina Propato —que descalifica este tráfico como "paso inocente"—, sin contar ya con el paraguas diplomático ni el respaldo estatal del propio gobierno chileno.
La definición de La Moneda despejó cualquier margen de ambigüedad: Chile ya admitió que el buque privado debe pedir permiso; ahora será el Estado argentino el que deberá demostrar ante la opinión pública si hace valer su soberanía marítima o si convalidará con su firma el puente logístico hacia la ocupación británica en Malvinas.