— La presentación de la República Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM / ITLOS), caratulada bajo la presidencia del magistrado camerunés Maurice K. Kamga como “Dispute concerning hydrocarbon exploitation in the South-West Atlantic Ocean (Argentine Republic v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)”, no es una queja diplomática de ocasión. Se trata de una pieza de orfebrería de derecho procesal y marítimo internacional de 49 fojas y 65 cuerpos probatorios anexos que coloca al Reino Unido ante una encrucijada jurídica sin precedentes desde 1982.

El TEXTO OFICIAL —firmado en Hamburgo el 13 de octubre de 2026 por el Agente de la República Argentina y Consejero Legal de Cancillería, Mario J. A. Oyarzábal— expone por primera vez en un tribunal internacional la arquitectura completa de la violación británica a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

1. La “trampa” procesal superada: cómo esquivar el veto de soberanía

El primer obstáculo que pretende sortear la demanda argentina, es el artículo 298.1(a) de la CONVEMAR, que habilita a los Estados a excluir controversias de delimitación territorial o bahías históricas. Consciente de que Londres buscaría escudarse en que el tribunal no tiene facultades para definir a quién pertenecen las islas, el escrito argentino no le pide a los 21 magistrados que definan el fondo de la soberanía.

La maniobra técnica:

• El objeto procesal: Argentina demanda por la violación de deberes y obligaciones de los Estados ribereños (Arts. 56, 77, 81 y 192/194) y el principio de actuar de buena fe (Art. 300) y abstenerse de conductas que agraven la controversia (Art. 279).
• El paraguas de la descolonización: El dossier cita los precedentes unánimes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso del Archipiélago de Chagos (Mauricio c. Reino Unido, 2019) y el propio fallo del TIDM en Mauricio/Maldivas (2021). Con ello, demuestra que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre descolonización (como la 2065 y la 31/49) no son meras sugerencias, sino mandatos obligatorios de derecho internacional que condicionan la aplicación de la CONVEMAR.

2. Desmantelamiento de la coartada: la farsa del “self-determination”

Uno de los capítulos más contundentes del documento (Sección 4.V, párrafos 106 al 112) destruye el argumento predilecto de Downing Street: que la explotación petrolera es “una actividad comercial legítima regulada por la legislación de las Falklands en beneficio de su gente”.

La presentación argentina sostiene:

• Responsabilidad intransferible: Cualquier medida que adopte la administración colonial británica en las islas compromete única y directamente la responsabilidad internacional del Reino Unido como potencia ocupante.
• Inexistencia de un “pueblo” titular: Recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó explícitamente en dos oportunidades (en 1985, para la Resolución 40/21) enmiendas británicas que pretendían incluir la libre determinación para los habitantes del archipiélago.
• El “referéndum” de 2013 sin valor jurídico: La demanda argentina tacha formalmente a la consulta de 2013 de acto “unilateral y de autoconsumo” (self-serving event), carente de toda validez por no haber sido convocado ni supervisado por la ONU o la OEA. “Los ciudadanos británicos trasplantados a un territorio colonial no pueden decidir un litigio de soberanía entre su propia metrópoli y la República Argentina”.

3. Empresas sin experiencia en alta mar: el peligro Navitas y Rockhopper

El punto 60 de la demanda incorpora una revelación técnica demoledora sobre la solvencia operativa de los consorcios a cargo de Sea Lion: ni Navitas Petroleum ni Rockhopper Exploration plc han operado jamás en su historia un yacimiento petrolero offshore en fase de producción.

El Estado argentino adjunta los balances y registros bursátiles de ambas firmas ante la bolsa de Tel Aviv y de Londres probando que:

1.    Navitas Petroleum: Su única participación en pozos marinos proviene de participaciones minoritarias no operadas en el Golfo de México (Shenandoah, operado por Beacon Offshore, y Buckskin, operado por LLOG). Su subsidiaria Navitas Petroleum Development and Production fue adquirida en 2022 y carece por completo de producción propia.

2.    Rockhopper Exploration: Su único antecedente productivo fue una modesta participación del 20% no operada en el campo gasífero Guendalina en el mar Adriático, operado por la italiana ENI. Actualmente no tiene pozos en producción ni ingresos operativos, limitándose a ser un socio financiero cuya experiencia de operación marina se reduce a perforaciones exploratorias en 2010 y 2011.

“El proyecto Sea Lion será el primer campo offshore que Navitas haya operado jamás en toda su historia corporativa, y lo hará junto a un socio (Rockhopper) que tampoco ha operado uno nunca” (Párrafo 60 del escrito argentino).

4. El informe ambiental y la catástrofe de derrame: de 14 a 30 días de impacto

El capítulo ambiental es el ariete principal para justificar la “urgencia y el daño irreparable” que exige el artículo 290 de la CONVEMAR. La Argentina no argumenta con conjeturas: incorpora el propio plan de contingencia elaborado en su momento por las operadoras británicas (Premier Oil Exploration & Production Ltd. Revised Oil Spill Contingency Plan, Anexo 64) y el informe técnico elaborado por los especialistas K. Breier y C. Musacchio (Anexo 60).

Los datos técnicos presentados ante los jueces de Hamburgo son alarmantes:

• Condiciones extremas: La zona de perforación presenta vientos promedio de 32 km/h con ráfagas superiores a 130 km/h, olas habituales de entre 4 y 7 metros y temporales con picos de 30 metros de altura, sumados a las fuertes corrientes de la Deriva Malvinas.
• Aislamiento letal: El área dista entre 700 y 860 kilómetros de los puertos continentales de Argentina y Chile, y a más de 3.500 km de los puertos de soporte de aguas profundas de Brasil. Ante una explosión o descontrol de pozo (blowout), la movilización de un dispositivo de sellado (capping stack) o una plataforma de alivio demoraría semanas críticas.
• La prueba confesada: La propia modelización matemática de las petroleras arrojó que, ante un descontrol en un pozo de crudo ceroso, hay un 30% de probabilidad de que el petróleo impacte en las aguas territoriales no disputadas de la República Argentina a los 30 días. En caso de encontrarse crudo ligero, la modelización oficial determinó un 100% de certeza de que la marea negra penetrará en aguas argentinas en apenas 14 días.
• El antecedente de 2015: Se cita el grave incidente registrado en abril de 2015 en el pozo Isobel Deep (licencia PL004, a 30 km de Sea Lion), cuando falló la válvula impeditiva de reventones (BOP) de la plataforma Eirik Raude, incidente que fue ocultado por la colonia.

5. Las cuatro medidas cautelares exigidas a Downing Street

El petitorio final elevado por el embajador Oyarzábal sintetiza el requerimiento formal para la audiencia que se abrirá el próximo 10 de noviembre en Hamburgo:

1.    Paralización de Sea Lion: Ordenar al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de cualquier fase de explotación en la Cuenca Malvinas Norte vinculada al consorcio Navitas-Rockhopper.

2.    Confiscación y bloqueo de datos geológicos: Prohibir la utilización, comercialización o transferencia de los relevamientos sísmicos, datos geofísicos e información técnica extraída de la plataforma en litigio.

3.    Restitución de la potestad ambiental: Cesar cualquier acto que impida a la República Argentina ejercer el control y la fiscalización ambiental que le confieren los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR sobre el ecosistema marino.

4.    Cláusula de no innovar: Prohibir a Londres otorgar nuevas licencias de exploración o explotación en los espacios marítimos disputados para no agravar la controversia.

Asimismo, el documento apela al artículo 90 del Reglamento del Tribunal del Mar, solicitando formalmente al Presidente del TIDM que —con carácter previo a las audiencias orales— emita un llamamiento urgente a las partes (call upon the parties) para que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda desbaratar los efectos prácticos de la orden cautelar que dictarán los jueces.

La demanda oficial desnuda la profundidad estratégica del movimiento de la Cancillería argentina: no se trata de retórica soberana, sino de una trinchera jurídica de derecho público internacional que acorrala el financiamiento de Sea Lion. Los 21 jueces de Hamburgo ya tienen sobre sus escritorios la prueba documental de que la potencia usurpadora avanza sin títulos, con operadoras improvisadas y bajo la amenaza inminente de un desastre ecológico sobre el Atlántico Sur.