— La retórica de la “autodeterminación” y el relato del “autogobierno” de la comunidad implantada en las Islas Malvinas acaban de desmoronarse en el propio corazón del poder colonial británico. En una admisión formal ante el Parlamento en Westminster, el gobierno del Reino Unido confirmó que a partir de ahora ninguna licencia petrolera en el archipiélago podrá otorgarse sin el consentimiento expreso y directo del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Foreign Secretary).

La determinación británica, ventilada en la Cámara de los Comunes y ratificada ante la requisitoria de la Cámara de los Lores, echa por tierra décadas de impostura diplomática con la que Downing Street pretendió escudarse en las decisiones de la asamblea usurpadora de las islas para justificar el despojo de los recursos en la plataforma continental argentina. Ante el primer cimbronazo real provocado por la estrategia legal, penal e internacional desplegada desde Buenos Aires, la metrópoli intervino de facto el manejo de los hidrocarburos y asumió la tutela colonial directa.

Pánico corporativo: sangría en las bolsas y la reiteración de Halliburton

La decisión del gobierno laborista de Andy Burnham de subordinar los permisos petroleros a la firma ministerial de Londres no responde a una concesión voluntaria, sino a un desesperado intento por contener el derrumbe financiero y operativo de las compañías a cargo del proyecto Sea Lion:

• Derrumbe de cotizaciones en septiembre: En apenas un mes, tras la intimación presidencial argentina, los exhortos penales de Comodoro Py y la medida cautelar federal de Río Grande, Rockhopper Exploration se desplomó un 17,9% en la Bolsa de Londres, mientras que su socia operadora, la israelí Navitas Petroleum, perdió un 11,5% de su valor bursátil en Tel Aviv.
• Fuga de gigantes de servicios: El efecto disuasorio de las leyes soberanas argentinas (Ley 26.659) y las intimaciones judiciales provocaron un golpe de gracia logístico: la estadounidense Halliburton Company volvió a manifestar lo que había expresado en 5 de septiembre; no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion, negándose a quedar expuesta a sanciones e inhabilitaciones en el continente.
• El manotazo del Foreign Office: Ante la posibilidad que armadores, aseguradoras y bancos pudieran a considerar “papel mojado” los contratos suscriptos únicamente con las autoridades coloniales, Londres debió poner la firma del canciller británico para intentar brindar un blindaje estatal que los colonos ya no pueden garantizar.

La interpelación en Westminster: silencio sobre Sea Lion y reclamo por la plata militar

El debate tomó estado público a partir de una consulta impulsada por el legislador conservador Lord Moynihan en la Cámara de los Lores, quien interpeló directamente al subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, para saber si el Ejecutivo británico había intervenido y firmado específicamente la autorización del programa de desarrollo del Área Norte (NDA) de Sea Lion.

Frente a la pregunta, Lord Wood optó por el silencio corporativo: no confirmó ni desmintió haber firmado la habilitación de Sea Lion, argumentando que el gobierno no opina sobre contratos individuales, pero sentenció de forma enfática que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del Secretario de Estado”. Aunque las operadoras aseguran tener cubiertas las fases iniciales amparándose en licencias previas prorrogadas, los documentos del propio Consejo Ejecutivo colonial admiten que aún restan “numerosos permisos y consentimientos regulatorios” que ahora quedarán bajo la lapicera indiscutible de Londres.

Pero la ofensiva parlamentaria en Westminster fue más allá y dejó en evidencia la verdadera naturaleza del enclave. El opositor Partido Conservador blanqueó una exigencia de fondo: exigió que las eventuales regalías de la extracción de crudo en Malvinas sean coparticipadas directamente con el Tesoro británico.

El argumento de los conservadores es estrictamente económico y militar: buscan que los recursos del saqueo petrolero solventen los U$S 100 millones anuales que el Reino Unido gasta en el despliegue bélico de ocupación en las islas, aliviando a los contribuyentes metropolitanos y engrosando el presupuesto castrense exigido por la OTAN, drásticamente resentido tras el impacto financiero del Brexit.

El imperio sin ropajes frente a la embestida argentina

La determinación británica confirma la hipótesis que la diplomacia argentina sostuvo históricamente en los foros internacionales: la pretendida “autodeterminación” de la población implantada en Malvinas, es un artificio discursivo que la potencia colonial utiliza a conveniencia y descarta en cuanto sus intereses estratégicos corren peligro.

Al arrebatarle a los asambleístas isleños la potestad de entregar licencias y colocarla bajo la órbita de Whitehall, el Reino Unido admite su carácter de potencia administradora directa y única responsable jurídica de la usurpación.

Fuentes:

La Nación

Mercopress