— La confrontación jurídica internacional más trascendente de las últimas décadas entre la República Argentina y el Reino Unido tuvo este martes su primera batalla formal en los estrados de Alemania. Con una sesión extendida en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, comenzaron las audiencias orales sobre el pedido de medidas provisionales presentado por el Estado argentino para forzar la suspensión cautelar e inmediata del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El proceso arrancó con una novedad institucional en la conformación del tribunal presidido por el magistrado camerunés Maurice Kamga: la jueza permanente argentina Frida Armas Pfirter —electa en 2023 y flamante vicepresidenta del cuerpo judicial— resolvió excusarse de intervenir en la causa. Su apartamiento llevó a que la Argentina designara como juez ad hoc al jurista Raúl Vinuesa, quien prestó declaración solemne este lunes junto al catedrático británico Vaughan Lowe, completando el tribunal de 22 miembros que deberá deliberar sobre el litigio.

La ofensiva argentina: daño irreversible y titularidad soberana

La apertura de los alegatos nacionales estuvo a cargo de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, acompañada por el titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, el subprocurador del Tesoro Santiago Castro Videla, el secretario Legal y Administrativo de Economía Juan Ignacio Stampalija y la embajadora en Berlín Bettina Pasquali de Fonseca. El armado técnico sumó los alegatos de los juristas internacionales Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

El planteo argentino descansó sobre la naturaleza no renovable de los hidrocarburos y el mandato imperativo de las resoluciones de la ONU (la histórica 2065 y la 31/49, que veda actos unilaterales):

• Sin vuelta atrás: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, advirtió Oyarzábal ante el estrado, subrayando que, si las corporaciones perforan la cuenca a inicios de 2027, ninguna sentencia de fondo posterior podrá revertir el despojo material de la plataforma.
• El estatus colonial frente a los 46 millones de argentinos: El embajador desarticuló la legitimidad del gobierno usurpador remarcando que el último censo registró apenas 3.142 residentes en las islas, de los cuales sólo 1.625 poseen el denominado Falkland Islands Status. “Ese estatus no es un derecho de nacimiento: lo otorga discrecionalmente un gobernador designado por la Corona británica. Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de una plataforma continental en disputa; esos recursos pertenecen al pueblo argentino, incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las islas”, sentenció.
• Riesgo ambiental demostrado: Kohen y Schrijver recordaron que los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR obligan a proteger el medio marino. Remarcaron que los propios estudios de contingencia contratados por las petroleras admiten que, ante un descontrol de pozo (blowout), la marea negra impactará en aguas argentinas bajo soberanía no disputada en un plazo de entre 14 y 30 días, forzando al país a coordinar respuestas y absorber costos ecológicos de una actividad que desconoce y sanciona.

La defensa británica: la billetera colonial sobre la legalidad del mar

Tras un receso de dos horas, la delegación británica desplegó su respuesta de 15 a 18 horas encabezada por la procuradora general para Inglaterra y Gales, Ellie Reeves. La estrategia de Whitehall consistió en impugnar la competencia del Tribunal del Mar y refugiarse en la retórica del interés monetario de los habitantes trasplantados.

Reeves argumentó que la Argentina intenta utilizar el TIDM para discutir la soberanía territorial —aspecto ajeno a la competencia del tribunal de Hamburgo— y sostuvo que congelar las operaciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration causaría un perjuicio irreparable a las finanzas insulares:

• El escudo de la libre determinación: “Las medidas provisionales solicitadas impedirían que los habitantes de las islas desarrollen sus recursos naturales, algo a lo que tienen derecho en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación”, afirmó Reeves, ratificando la tesis de que Londres considera la exploración como un acto plenamente lícito amparado en el ordenamiento local.
• Pérdidas millonarias para las petroleras: La abogada británica admitió el peso económico de la cautelar: alertó que el freno judicial generaría un golpe “catastrófico para las empresas involucradas” y arriesgaría la pérdida de “miles de millones de libras en ingresos esenciales para las islas”, reconociendo de hecho cómo el enclave depende del petróleo usurpado para financiar su recién lanzado plan de infraestructura y su proyectado fondo soberano.

Escenarios abiertos y segundo asalto

La Casa Rosada siguió el desarrollo de la jornada con máxima atención. Puertas adentro del gabinete nacional, el presidente Javier Milei celebró la intervención de la delegación diplomática catalogándola como un hito de gestión en foros multilaterales.

En términos procesales, el litigio que se ventila en Hamburgo abre tres escenarios:

1.    Cautelar plena: Que el TIDM conceda las cuatro medidas provisionales y ordene a Gran Bretaña suspender de inmediato el proyecto Sea Lion, congelando perforaciones hasta que se constituya y falle el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR.

2.    Concesión parcial: Que los jueces dicten órdenes restrictivas sobre aspectos ambientales o impidan innovar en nuevos permisos, pero sin frenar de plano las tareas ya otorgadas.

3.    Rechazo por jurisdicción: Que el tribunal considere que el futuro tribunal arbitral carece de competencia prima facie, un desenlace calificado como improbable por los especialistas en derecho del mar dados los precedentes de la corte.

El cronograma fijado por el juez Kamga marca que las audiencias se reanudarán mañana miércoles 11 de noviembre: la Argentina volverá a hacer uso de la palabra de 10:30 a 12:00 para refutar los argumentos de la procuradora británica, mientras que el Reino Unido tendrá su réplica de cierre entre las 17:30 y las 19:00 horas. Una vez concluida esa fase, los magistrados ingresarán en deliberación reservada, estimándose una resolución provisoria hacia finales de este mes o principios de diciembre.