La presentación del proyecto de ley de la diputada nacional argentina Agustina Propato (UxP) —que faculta a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a interceptar, infraccionar e incluso retener o decomisar embarcaciones que transporten suministros a la ocupación colonial británica— encendió las alarmas parlamentarias trasandinas, desatando fuertes reproches contra la conducción diplomática del canciller Francisco Pérez Mackenna.

Rebelión en la Comisión de Relaciones Exteriores: Reclamos de "mano firme"

La posibilidad concreta de que el Danstar sea interdictado en aguas jurisdiccionales argentinas al abandonar la boca oriental del Estrecho de Magallanes provocó una fuerte reacción en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Legisladores chilenos de diversos bloques parlamentarios, exigieron al ministerio de Relaciones Exteriores, abandonar la diplomacia de las evasivas y asumir una posición de fuerza frente a las determinaciones de Buenos Aires.

Uno de los más tajantes fue el diputado socialista Nelson Venegas, quien apuntó directamente contra la pasividad del canciller Pérez Mackenna:

“Necesitamos un canciller que sea fuerte en sus decisiones, que sea firme en las determinaciones y la defensa de la patria, siempre con prudencia con el hermano pueblo argentino, pero hay que decirle las cosas y, como no lo han hecho, ellos siguen avanzando en sus declaraciones, en sus determinaciones y hoy día con este proyecto de ley”, fustigó Venegas.

El reclamo parlamentario exhibe el descontento ante una Cancillería chilena que, días atrás en Magallanes, se limitó a señalar que "hay que dejar trabajar a la diplomacia" y que "la navegación está garantizada por los tratados", eludiendo fijar postura sobre las consecuencias penales y operativas que enfrentará la tripulación y los armadores del buque.

La doctrina del "Paso Inocente": El escudo técnico que Argentina busca demoler

En los círculos jurídicos y mediáticos chilenos se insiste en que una legislación interna argentina no bastaría para frenar la travesía, argumentando que el Artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) ampara el denominado derecho de "paso inocente", reservado a aquellas naves que transitan de manera pacífica sin representar una amenaza a la seguridad del Estado ribereño.

Sin embargo, el proyecto de Agustina Propato ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación apunta directamente al corazón de esa doctrina:

• Descalificación taxativa: Establece por ley que todo buque —cualquiera sea su bandera— que transporte insumos logísticos, pertrechos, carga para hidrocarburos, pesca ilegal o infraestructura militar y civil hacia los enclaves usurpados en Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, carece de carácter de paso inocente.
• Mandato de interdicción: Autoriza el uso del poder de policía naval en aguas territoriales soberanas para obligar a modificar el rumbo, abandonar la jurisdicción o forzar la retención de la nave en puerto argentino.
• Registro de infractores: Dispone el bloqueo para operar en puertos de las provincias litorales y contratar con el Estado argentino.

En términos de derecho internacional, ningún Estado ribereño está obligado a tolerar que por su Mar Territorial transiten pertrechos destinados a consolidar la usurpación armada de su propio territorio o a suministrar la infraestructura del saqueo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte.

Radonich y la tentación de los "USD 20 millones"

Mientras en el Congreso chileno crece la zozobra jurídica, desde el extremo sur el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, volvió a salir en defensa abierta del negocio montado con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC):

“El buque es un buque chileno con bandera chilena y por eso es que yo reivindico el derecho que tienen los magallánicos a comerciar con cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que un tercer país como Argentina pueda decidir con quién negocia Punta Arenas, y si este paso es uno inocente porque la Convención del Mar así lo indica”, desafió Radonich en declaraciones a Radio Bío Bío.

El jefe comunal no ocultó la motivación central del entramado mercantil, asegurando que las islas bajo ocupación británica representan un mercado con un poder de compra de 20 millones de dólares anuales que su comuna busca absorber.

Bajo la promesa de ese botín comercial, el Danstar prevé cargar en las bodegas de la empresa regional Logisur alimentos frescos, lácteos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, repuestos, maquinarias, vehículos y gas licuado, insumos indispensables para dotar de sostenibilidad logística al enclave británico en vísperas del proyecto petrolero Sea Lion.

El desafío en la boca del Estrecho

La confirmación de que la naviera Easter Island Logistics descartó navegar por el Mar de Drake para forzar el cruce por el Estrecho de Magallanes, coloca a la nave en una trayectoria de colisión legal ineludible. Al salir de la jurisdicción del estrecho hacia el Atlántico, la nave ingresará de lleno en las aguas territoriales que la República Argentina custodia bajo el mandato soberano de la Ley 26.659 y el Decreto 256/2010.

Con el arribo del buque a Punta Arenas fijado para este miércoles 11 de noviembre, la confrontación diplomática ha dejado de ser un intercambio de declaraciones retóricas. Mientras en Chile exigen endurecer la postura para proteger un flete comercial de casi un millón de dólares por viaje, en Buenos Aires la iniciativa parlamentaria para incautar a las naves saqueadoras marca un ultimátum: el auxilio a la ocupación colonial de Malvinas no puede escudarse impunemente detrás del derecho del mar.