La derecha chilena ha construido una ficción jurídica y política tan funcional al interés británico como peligrosa para la estabilidad del Cono Sur: interpreta que el dominio soberano que la República de Chile ejerce sobre el Estrecho de Magallanes —ratificado con claridad por Argentina en los diferentes tratados limítrofes—, le otorga una suerte de salvoconducto para irrumpir en el mar jurisdiccional argentino y comerciar abiertamente con la potencia usurpadora de las Islas Malvinas.

No se trata de una confusión ingenua ni de un simple arrebato mercantil de la alcaldía de Punta Arenas. Es una maniobra minuciosamente incentivada desde la Embajada del Reino Unido en Santiago, que empuja a los sectores más duros del país vecino a tensar la cuerda diplomática hasta los límites del choque militar, mientras la corona teje su red de abastecimiento para el expolio de nuestros recursos.

El juego de los espejos: Nacionalismo de ocasión y escalada bélica

El escenario actual desnuda una simetría inquietante. Si a Javier Milei le brotó de forma repentina un espíritu patriótico, resulta absurdo asombrarse de que la derecha chilena apele con idéntico fervor a su propio manual nacionalista.

Los sectores republicanos y los excomandantes de las Fuerzas Armadas trasandinas no tardaron en reaccionar: agitaron de inmediato el fantasma de una supuesta agresión argentina sobre Magallanes, reclamaron el rearme urgente de la Armada y la Fuerza Aérea, y exigieron restaurar los presupuestos bélicos del Fondo de Contingencia Estratégico. La derecha chilena utiliza a la Argentina como el enemigo perfecto para justificar sus compras de armamento, mientras la diplomacia británica observa y aplaude cómo dos naciones hermanadas por la historia y la geografía vuelven a mirarse con desconfianza a través de la mirilla del fusil.

En esa lógica, creen que ostentar las llaves del Estrecho los habilita a transformarse en el "supermercado" de la ocupación, olvidando de manera deliberada que apenas sus navíos abandonan la boca oriental para enfilar hacia Puerto Argentino ingresan a aguas bajo legislación y control soberano argentino, donde rige con plena vigencia el Decreto PEN 256/2010 y las sanciones penales de la Ley 26.659.

Las fuerzas en pugna en el tablero austral

Reducir la Cuestión Malvinas a un diferendo bilateral entre Buenos Aires y Londres es ignorar la telaraña de intereses que convergen en el extremo sur. Hoy operan simultáneamente al menos cuatro vectores de presión:

1.   La derecha y el empresariado chileno: Obsesionados con captar la renta colonial y disputar los dólares que el enclave británico vuelca en Montevideo, utilizan la autonomía municipal y las banderas de conveniencia para perforar el bloqueo regional del Mercosur, dispuestos a asumir el costo de colisionar con la Argentina.

2.   La diplomacia y las corporaciones británicas: Con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) a la cabeza, Londres busca desesperadamente abaratar el costo logístico de la ocupación para garantizar la viabilidad del yacimiento petrolero Sea Lion, utilizando a Punta Arenas como la cabecera de playa que Montevideo ya no puede sostener con exclusividad.

3.   El complejo militar-científico del Reino Unido: Bajo la pantalla inobjetable de la investigación científica del British Antarctic Survey (BAS) y las operaciones del rompehielos RRS Sir David Attenborough, la Royal Navy disfraza el despliegue del patrullero artillado HMS Medway y naturaliza la presencia de sus buques de guerra en las puertas de los canales fueguinos.

4.   La proyección antártica como objetivo de fondo: Este entramado no se agota en el Atlántico Sur. Gran Bretaña utiliza a Chile para apuntalar su infraestructura logística combinada, consolidando la cabecera bioceánica indispensable para proyectar y sostener su pretensión imperial sobre el continente antártico, donde superpone sus mapas tanto con el territorio de la Argentina como con el del propio Chile.

El peligro de la provocación inducida

La alianza que se teje en Magallanes no es comercial: es estratégica. Al hacerle creer a la dirigencia chilena que comerciar con las islas es un acto de soberanía propia, Gran Bretaña externaliza el conflicto. Convierte a las navieras y a los puertos chilenos en el escudo de su propia usurpación, forzando a la Argentina a actuar como policía de sus aguas ante buques con banderas asociadas, mientras Londres preserva su retaguardia intacta.

La soberanía no admite dobles discursos ni sobreactuaciones espasmódicas. Si la dirigencia trasandina elige alinearse con el ocupante a cambio de una porción del saqueo hidrocarburífero y pesquero, debe asumir las consecuencias legales de sus actos. Pero la República Argentina no puede caer en la trampa de la escalada inducida por Gran Bretaña: la defensa de nuestros mares exige firmeza jurídica, control naval efectivo y la inteligencia estratégica para denunciar a quien realmente mueve los hilos de esta discordia en el confín del continente.