La crisis terminal del calamar Loligo (Loligo gahi) en las aguas usurpadas, de las Islas Malvinas, ha empujado a la administración británica a cruzar una línea roja ambiental y geopolítica. Un informe de la periodista Karina Fernández, publicado por Revista Puerto, documenta la decisión del gobierno de ocupación: elevar de manera unilateral el límite de captura incidental (bycatch) de merluza común (Merluccius hubbsi) del 10% al 50%, mientras proyecta aumentar la presión directa sobre la especie mediante las licencias de tipo A.

La coartada colonial sostiene que la merluza actúa como un "depredador voraz" que hace desaparecer al calamar. Bajo esa hipótesis, los británicos habilitan una matanza selectiva que no solo carece de rigor biológico, sino que atenta de forma directa contra casi tres décadas de políticas de conservación soberana implementadas por la República Argentina y monitoreadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

La destrucción de los mejores reproductores argentinos

La respuesta científica desde Mar del Plata desmonta el relato colonial. En diálogo con Revista Puerto, el director de Investigación del INIDEP, Otto Wöhler, advirtió sobre la gravedad del accionar británico: la merluza hubbsi excede en su ciclo migratorio los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental argentina, y los ejemplares que alcanzan esas latitudes australes son precisamente los de mayor porte: los mejores reproductores del stock.

La pretendida "abundancia" que los kelpers esgrimen no es un milagro biológico ni una plaga espontánea: es el resultado directo del Área de Veda Permanente para la Protección de Juveniles de Merluza que la Argentina sostiene con rigor desde 1997 en el Golfo San Jorge y aguas adyacentes. Mientras el Estado ribereño restringe faenas para garantizar la sustentabilidad, el enclave usurpa ese éxito biológico utilizándolo como fusible de descarte comercial.

Pescar a ciegas: La inconsistencia científica británica

La fragilidad técnica del régimen colonial queda al descubierto al cotejar sus propios números oficiales:

• Biomasa estimada: La campaña de prospección británica de febrero arrojó una presencia de merluza de 46.434 toneladas.
• Captura real: En 2024, las estadísticas del propio Departamento de Pesca de Malvinas registraron desembarques por 53.850 toneladas.

Lo que significa que extraen en una sola temporada más volumen que la totalidad de la biomasa que dicen relevar.

Wöhler cuestionó de raíz el vínculo predatorio que la colonia pretende forzar: la merluza se distribuye y captura mayoritariamente al noroeste de las islas, mientras que el calamar Loligo habita y se explota al sudoeste. Para el científico del INIDEP, la teoría de la "merluza depredadora" asoma como una pantalla: "No sabemos hasta qué punto puede ser una excusa para un problema de mal manejo. Lo que sí puede llegar a ser preocupante es sacar la merluza del área por sobrepesca para favorecer al otro recurso".

El propio Jefe de Ciencia Pesquera de la ocupación, Andreas Winter, había relativizado el impacto de la merluza en noviembre de 2024 ante la Universidad de Washington, reconociendo que es una especie omnívora y que las variaciones obedecen primordialmente a factores oceanográficos como la corriente de Malvinas. Hoy, las urgencias económicas imponen la contradicción.

La puerta giratoria del lobby y la complicidad de Vigo

La trama institucional detrás de este ecocidio exhibe la connivencia entre los funcionarios de ocupación y las corporaciones pesqueras:

• John Barton: Durante 33 años fue el Director de Recursos Naturales de la colonia. Tras dejar la función pública, asumió la junta directiva de la FIFCA (el lobby pesquero de las islas) y hoy encabeza de forma interina el Loligo Producers Group. Barton celebró públicamente que el bycatch al 50% "está funcionando bien" y reclamó ingresar buques factoría al Loligo Box en períodos de veda.
• James Wilson: Actual director colonial que admitió los riesgos ambientales ("si removemos a un depredador puede tener consecuencias ecosistémicas no intencionadas") pero, con la pesquería del calamar cerrada hasta febrero de 2027, elevó el expediente para duplicar la presión pesquera de arrastre.

El destino final de este despojo sigue siendo la ría de Vigo. Los 16 buques arrastreros de bandera colonial pertenecen a siete grupos armadores de Galicia (con Pescapuerta, Copemar, Pereira y Marfrío a la cabeza), mientras que 11 de las 24 licencias de merluza (tipo A) otorgadas el último año corresponden directamente a barcos con bandera española. Alrededor del 25% de los desembarcos pesqueros de Vigo provienen de las islas.

Un ataque directo a la economía y soberanía nacional

El impacto no se limita al daño reproductivo del Mar Argentino: encierra una agresión comercial. España es el principal comprador del filet de merluza nacional (con 15.456 toneladas importadas por 56 millones de dólares en lo que va del año) y un mercado en fuerte alza para el congelado entero.

Al autorizar la depredación de merluza con licencias ilegales y un bycatch desmedido del 50%, la colonia británica y sus socios gallegos buscan inundar el mercado europeo con capturas de origen ilegal, compitiendo de manera desleal contra las exportaciones de la flota e industria que tributa y genera empleo en los puertos de la Patagonia.

El colapso del Loligo desnudó la fragilidad de un enclave cuyos ingresos corrientes dependen en un 58% del canon pesquero. Frente a la quiebra fiscal y el parate de las armadoras socias, la corona británica abandona cualquier pretensión de sustentabilidad y apela al saqueo abierto de la merluza común argentina.