En la disputa silenciosa por la proyección hacia el continente blanco, el extremo austral de Sudamérica ofrece hoy el retrato de dos modelos antagónicos. De un lado de la cordillera, en el Estrecho de Magallanes y en el Canal Beagle, Chile ha convertido la cuestión antártica en una política de Estado sostenida durante décadas, articulando infraestructura portuaria, conectividad aérea, ciencia de vanguardia y alianzas internacionales con epicentro en Punta Arenas y una proyección creciente sobre Puerto Williams.
Del otro lado, la Argentina —pese a ostentar una presencia histórica y territorial inigualable desde 1904— observa cómo Ushuaia consolida su hegemonía global en el turismo de cruceros, pero permanece estancada en el desarrollo de infraestructura logística estatal, científica y de servicios estratégicos.
La paradoja argentina: presencia histórica en el hielo, vacío logístico en el continente
La huella argentina en la Antártida es indiscutible en términos de permanencia y despliegue territorial. A partir de la visión geopolítica consolidada hace más de 122 años, el país sostiene una red ininterrumpida de bases permanentes y temporarias que le otorgan un peso histórico singular dentro del Sistema del Tratado Antártico. Sin embargo, esa fortaleza en el continente blanco no encontró su correlato en una planificación logística integral desde el continente americano.
Ushuaia logró transformarse en la principal puerta de entrada turística del planeta hacia la Antártida. Ningún otro puerto del mundo concentra el volumen de recaladas y operaciones de cruceros antárticos que registra la capital fueguina, un activo construido principalmente por la dinámica del sector privado y las ventajas geográficas naturales —que hoy solo podría verse amenazado si la actual intervención o malas decisiones de gestión, terminaran dañando la operatividad de su terminal portuaria—.
No obstante, el éxito del turismo contrasta con una deuda estructural que arrastra más de medio siglo. Desde fines de la década de 1960 y comienzos de los años 70 —cuando Tierra del Fuego aún revestía la categoría de Territorio Nacional—, se proyectó y teorizó la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia que el actual gobierno de Javier Milei se comprometió a concretar, luego del inicio realizado postpandemia, por la gestión de Alberto Fernández.
El objetivo estratégico era (y es) doble: garantizar el sostén logístico propio de la vasta red de bases argentinas y, simultáneamente, ofrecer servicios portuarios, de abastecimiento y reparación a buques y programas antárticos de terceros países. A más de cincuenta años de aquellas primeras formulaciones, la obra recién está en un 9%. Sin esa infraestructura de base, la Argentina resigna la posibilidad de capturar valor logístico, tecnológico y geopolítico en el Atlántico Sur.
Punta Arenas y Puerto Williams: la arquitectura de una política de Estado
En el mismo lapso histórico, Chile ejecutó un camino inverso. Aunque no iguala el volumen de pasajeros turísticos de Ushuaia, el Estado chileno —a través de gobiernos de distinto signo político— asumió la proyección antártica con persistencia institucional y visión de largo plazo, construyendo un entramado que combina descentralización política, conectividad aérea, capacidad portuaria y soberanía digital.
El primer paso fue anclar la institucionalidad en el territorio: Chile radicó la sede central del Instituto Antártico Chileno (INACH) directamente en Punta Arenas, dotando a la Región de Magallanes de peso político, presupuestario y científico propio. A ello se sumó el desarrollo de un operador aéreo especializado, Aerovías DAP, que consolidó un puente aéreo permanente desde Santiago y Punta Arenas hacia el aeródromo Teniente Marsh (en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva), y que hoy proyecta esa misma conectividad desde Puerto Williams.
Pero el dominio chileno no se limita al aire. Punta Arenas se ha afianzado como el principal nodo marítimo para los rompehielos y buques polares de gran parte de Sudamérica y de potencias europeas. Allí operan de manera habitual programas internacionales que despliegan sus campañas en el entorno de la Península Antártica y el Atlántico Sur Occidental, destacándose la estrecha y permanente cooperación logística con el Reino Unido, cuyo buque polar de última generación —el RRS Sir David Attenborough, que navega bajo bandera de las Islas Malvinas usurpadas— utiliza a Punta Arenas como puerto habitual de apoyo y reabastecimiento.
Para sostener ese flujo, Chile avanza además en la modernización y ampliación de su infraestructura portuaria en el Estrecho de Magallanes —con obras de refuerzo de losas en el Terminal José Mardones, licitaciones para ampliar la capacidad operativa del Muelle Arturo Prat y proyectos en evaluación para duplicar la capacidad de atraque y dotar de nueva infraestructura a la Armada—, al tiempo que potencia a Puerto Williams, en la ribera sur del Canal Beagle frente a Ushuaia. Esa pequeña ciudad portuaria de la Isla Navarino, con un nuevo muelle multipropósito proyectado para recibir buques de hasta 240 metros de eslora hacia la temporada 2027-2028, dejó de ser un enclave marginal para disputar directamente el flujo turístico, operativo y científico del extremo sur.
La nueva frontera: el cable submarino y la hegemonía científica hacia 2034
La última demostración de esta asimetría quedó plasmada en noviembre de 2026, cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) confirmó la factibilidad técnica para tender un cable submarino de fibra óptica de hasta 4.100 kilómetros que unirá Punta Arenas y Puerto Williams con la Antártida, cruzando las complejas aguas del Pasaje de Drake.
Así lo informó la semana pasada el sitio web chileno Zona Zero, quien detalla que para ello se realizará una inversión estimada en 621 millones de dólares bajo un esquema multilateral. Y teniendo como horizonte, iniciar la apertura de las comunicaciones en 2034.
De concretarse, la traza de fibra óptima conectará hasta 28 instalaciones científicas en la Península Antártica —integrando a programas de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Polonia, Alemania y Corea del Sur—, incorporando además sensores oceanográficos para el monitoreo climático en tiempo real y proyectando una capacidad de transmisión superior a los 59 terabits por segundo hacia 2058.
De tal forma, Chile dejará atrás la dependencia satelital en el continente blanco para convertirse en el nodo indispensable de procesamiento y transmisión de datos científicos globales, con Puerto Williams como puerta de entrada digital.
Tierra del Fuego: entre la desidia oficial y la mercantilización
Frente a este despliegue estatal planificado del otro lado del Canal Beagle, el balance de los sucesivos gobiernos argentinos de Tierra del Fuego desde su provincialización , dejaron expuesta una preocupante falta de seriedad estratégica. Lejos de articular un proyecto público de alta jerarquía que integre ciencia, ambiente, logística naval, desarrollo aeroespacial o monitoreo del cielo nocturno antártico, la dirigencia provincial ha optado por la inercia o la tercerización.
En los últimos años, ante la ausencia de una política estatal que centralice la investigación y desarrollo nacional y provincial con peso propio, la agenda antártica desde Ushuaia fue quedando delegada en iniciativas privadas como la Fundación FINNOVA. Bajo ese esquema, una cuestión crítica de soberanía nacional y desarrollo científico-tecnológico de primer orden termina reducida a una lógica puramente comercial y de parcelación empresarial, desprovista de la masa crítica de científicos y especialistas capaces de dimensionar lo que la Antártida representa para el futuro estratégico de la Argentina.