El centro de excombatientes de La Plata, CECIM, volvió a poner sobre la mesa una demanda que lleva décadas sin respuesta: exigen a la Corte Suprema de Justicia que avance con la resolución de los expedientes vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas por militares ejército argentino contra sus propios soldados durante la Guerra de Malvinas, en 1982.
A través de un pedido de pronto despacho, la organización busca que se emita una decisión concreta sobre nueve causas que permanecen en el limbo legal desde hace más de cuatro años, con dictámenes que aún no han sido materializados.
Los expedientes en cuestión contienen denuncias fundadas en testimonios de exsoldados que relataron haber las torturas y otras formas de violencia que sufrieron por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, bajo las órdenes de los militares de aquella época.
Las causas acumuladas evidencian una persistente falta de impulso en avanzar con los procesos judiciales, a pesar de que el Procurador General de la Nación ya emitió un dictamen favorable en noviembre de 2022.
Sin embargo, esos recursos aún no logran cerrar el ciclo necesario para llegar a una sentencia definitiva. Por eso, los excombatientes solicitan que la máxima instancia judicial del país se pronuncie con la urgencia que la situación amerita y garantice el cumplimiento de los estándares constitucionales en materia de derechos humanos.
Desde el CECIM, se señalan con preocupación el aparente desinterés del máximo tribunal en atender estos casos, que no son exclusivos de una etapa histórica pasada. Se inscriben en una lógica de vulneración de derechos que, pese a las décadas transcurridas, no han sido debidamente juzgadas ni esclarecidas.
“Esta Corte Suprema de Justicia evidencia un desinterés en garantizar que el Poder Judicial brinde a los argentinos un servicio de Justicia que se ajuste a la Constitución y las leyes vigentes, alejándose de garantizar las garantías procesales", señalaron los excombatientes en el comunicado.
Agregaron que “no escuchan a los soldados argentinos torturados por las Fuerzas Armadas Argentinas bajo las órdenes de Galtieri, Anaya y Lamidozo, que actuaron en todo el territorio nacional bajo la ‘Doctrina de Seguridad Nacional’, inclusive en nuestras Islas Malvinas”.
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