El Poder Judicial de EE.UU volvió a fallar contra Argentina. La sentencia esta vez ordena la transferencia del control accionario de YPF a los beneficiarios de un litigio iniciado en 2012, cuando la petrolera fue nacionalizada por impulso del gobierno kirchnerista y con amplia mayoría en el Congreso. El menemismo la había privatizado anteriormente, en la década de 1990.
La decisión, adoptada por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, establece que el Estado argentino debe ceder el 51% de las acciones de la empresa para cumplir con un fallo que aún está en apelación, en favor de fondos buitres que adquirieron los derechos litigiosos de un cantidad accionaria del 25% que poseía el grupo Eskenazi en 2008.
En octubre de 2023, la gestión presidencial de Alberto Fernández había presentado recursos para apelar un fallo que exigía el pago de 16.100 millones de dólares.
La decisión de las últimas horas establece que Argentina debe transferir las acciones a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon, y comenzar a entregar los intereses y derechos sobre esa participación en el plazo de 14 días, mientras Argentina sigue apelando.
Desde la Casa Rosada, Milei aseguró en redes sociales que "vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales".
“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, sostuvo el presidente con relación a la gestión kirchnerista.
Luego, finalizando con un insulto contra Axel Kicillof rayando con la xenofobia: “PD. YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”.
Detrás de esta sentencia, existen variaciones en la historia del litigio. La compra accionaria inicial de un grupo ligado a la familia Eskenazy en 2008, una adquisición cuestionada por su origen y transparencia.
Otra pieza clave en la discusión es el rol de las figuras políticas. El exministro Axel Kicillof, que impulsó la expropiación en 2012, hoy gobernador de Buenos Aires, fue inicialmente defensor de la postura sin indemnización, para luego negociar un acuerdo de compensación en 2014 por unos 5.000 millones de dólares en bonos.
La nueva sentencia, sin embargo, ignora estos pactos y ordena la entrega de control accionario, poniendo en evidencia la complejidad de la disputa legal y política en curso, teniendo en cuenta que algunos especialistas sostienen que se trata del comienzo de un tsunami que se ha estado formando con unos 20 años, con la pesificación asimétrica de los contratos, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, YPF, el cupón PBI, y causas similares.
Argumentan que todas estas demandas de fondos buitres están llegando a su fin en la presidencia de Milei, siendo que las causas abiertas con y sin fallos de la Justicia rondaría los 30.000 millones de dólares, de lo cual la mitad aproximadamente corresponde a YPF.
Como dato alarmante, en el caso de YPF los intereses cuentan por alrededor de 3 millones de dólares por día, por lo cual desde que asumió el actual presidente se acumularon cerca de 1.300 millones de dólares de intereses en este juicio.
Por el momento, el presidente Javier Milei, en cuanto a este y otros juicios similares, continúa con la misma estrategia legal de las gestiones anteriores de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Anibal Fernández.
Durante la gestión anterior en EE.UU, a cargo del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia de ese país había presentado un escrito a favor de la República Argentina, recomendando a la jueza no tomar medidas como la emitida el lunes pasado.
Sin embargo, el juicio de nacionalización de YPF ya había pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos durante la primera gestión de Trump, antes de Biden, al mismo tiempo que Mauricio Macri era presidente, con el dato negativo de que esa administración de EE.UU (siendo la misma en la actualidad) elevó un escrito a favor de los beneficiarios del fallo y en contra de la República Argentina.
El actual gobernador de Buenos Aires y entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue el promotor de la estatización en 2012, cuando el 57,5% de YPF estaba en manos de Repsol, el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía -sociedades españolas del grupo de la familia Eskenazy- y el 17% estaba repartido entre inversores minoritarios, como Eton Capital.
“La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, señala el fallo de Preska.
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