La intervención federal del Puerto de Ushuaia, ejecutada por el gobierno de Javier Milei en enero de 2026, suele presentarse como un "atropello centralista". Sin embargo, la documentación técnica del Informe realizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) revela una verdad mucho más desfachatada: el gobernador Gustavo Melella ya había decidido privatizar la gestión del puerto mucho antes de que los libertarios llegaran a la Casa Rosada.

Lo que hoy vemos no es una defensa del patrimonio fueguino, es el lamento de una gestión a la que le "manotearon un puerto", sobre una entidad del estado, que ella misma estaba por poner en venta.

1. El informe CFI 2023. El ADN de la entrega

Para entender la vocación privatista de Melella, hay que remitirse al Informe Final del CFI de noviembre de 2023. En ese documento, el Gobierno Provincial —con la firma del por entonces viceministro Jorge Canals— no solo reconoció el "estado crítico" y el "colapso estructural" del muelle y la plaza de contenedores, sino que solicitó expresamente asesoramiento para avanzar hacia un modelo de Consorcio Público-Privado.

Como se puede leer en el RESUMEN del propio documento, no fue un rapto de inspiración reciente del gobernador; sino una planificación técnica que se desprende del texto que constituye el propio informe de CFI. Lo que pone en evidencia que al menos en 2022, FORJA y el MOPOF, ya proyectaban privatizar el puerto. Los datos:

• Diagnóstico de Abandono: El informe de 2023 calificó la situación de "saturación" e "inseguridad". Y una referencia textual de datos suministrados por la propia DPP que calificó la situación del puerto en estado de "COLAPSO TOTAL". sentando las bases para decir que el Estado (ellos mismos) ya no podía administrar el puerto.
• La S.A. en Gateras: La intención de crear una Sociedad Anónima (S.A.) bajo la Ley 19.550 no fue un arrebato del 1° de marzo de 2026 cuando Melella anunció su conversión al liberalismo en la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura; fue el objetivo final de un proceso de consultoría que buscaba eludir los controles de la administración pública para facilitar el ingreso de capitales privados nacionales o transnacionales.

2. El vaciamiento de 2025

Mientras el informe del CFI advertía que el puerto necesitaba inversiones urgentes para no colapsar, Melella, llevándose puesta a toda la Legislatura; hizo lo contrario. En agosto de 2025, sancionaron la ley para transferir los superávits del puerto a la caja política de la OSEF. Al final no lo hicieron, pero a los libertarios no le importó. Igual el puerto fue intervenido.

Este fue el "paso cero" del manual del manual aplicado para el desguace:

1.   Vaciar la caja del puerto para que no haya fondos para las reparaciones urgentes que pedía el CFI.

2.   Generar la "emergencia" técnica que justificara la entrada de un privado o, en este caso, la intervención nacional.

3.   Ofrecer el activo como una "plataforma de negocios" flexible y sin controles estatales.

3. La pulseada perdida con los libertarios

Aquí reside la ironía política: Melella preparó el puerto para entregarselo a sus propios socios y mecenas electorales, bajo el paraguas de una Sociedad Anónima que él pretendía controlar. Pero el Gobierno Nacional de Javier Milei, utilizando los mismos argumentos de "inseguridad" y "desvío de fondos" -que el propio Gustavo Melella generó-, le ganó de mano.

Milei no inventó la crisis portuaria; simplemente se apropió del diagnóstico del CFI para ejecutar su propio negocio. En lo que podría ser derivar un canje del puerto por la membresía en la Junta de Paz (Peace Board) de Donald Trump.

La intervención nacional de enero de 2026 no fue para "salvar" el puerto, sino para asegurarse de que sea el Gobierno Nacional y no Gustavo Melella, quien firme -en tal caso-, los contratos con las empresas y consorcios, o con las fuerzas de seguridad global y los holdings estadounidenses.

4. Una soberanía sin dueño

El rechazo unánime de la Legislatura al proyecto de Sociedad Anónima de Melella (Asunto 131/26) podría haber llegado tarde. En estas condiciones, el puerto corre el serio riesgo de ser transnacionalizado por el desgobierno local y la voracidad nacional. Melella pretendía una privatización "amiga" y se encontró con una intervención libertaria que le arrebató la caja y la gobernanza del activo estratégico más importante de la provincia marítima y antártica de Tierra del Fuego.

La discusión hoy no es entre "público o privado", sino entre dos modelos de entrega; de proyectos políticos supuestamente antagónicos. El puerto de Ushuaia, la puerta a la Antártida, ha sido reducido a una unidad de negocios que Melella comenzó a planificar al menos, desde el 2022; y que Milei se llevó "llave en mano" ahora, en 2026.