El gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con una medida de una gravedad de dimensiones históricas: la derogación de la Ley de Soberanía Territorial (26.737), que desde 2011 protege el patrimonio nacional.

El proyecto enviado al Congreso busca eliminar todo límite a la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros, desmantelando un pilar fundamental de la integridad nacional.

Esta iniciativa no es una mera "liberalización" económica; es una entrega sin precedentes del control efectivo del territorio, que vulnera la seguridad nacional, hipoteca recursos estratégicos y amenaza la subsistencia de las comunidades.

La pérdida de soberanía es concreta y multidimensional. La ley vigente establece un cerrojo esencial: los extranjeros no pueden poseer más del 15% del territorio nacional, ni más del 30% en una misma zona, con salvaguardas especiales para áreas fronterizas y de recursos hídricos. Derogarla significa que corporaciones, fondos de inversión y magnates extranjeros podrán acaparar extensiones ilimitadas, incluso en regiones sensibles para la defensa.

El antecedente siniestro es el del británico Joe Lewis, dueño de 11.000 hectáreas en la Patagonia con un aeropuerto privado sin radares, donde se reporta la presencia de personal militar extranjero y se bloquea el acceso a un lago público. Este caso, lejos de ser una anomalía, sería el modelo a replicar.

El recurso más crítico en juego es el agua. La normativa actual protegía acuíferos, nacientes de ríos y cuencas. Su eliminación permite que este bien estratégico del siglo XXI quede en manos de intereses foráneos sin control soberano, condicionando el futuro productivo, el acceso a agua potable y la soberanía alimentaria.

Infograma de Infojus, del año 2013, con información oficial del Estado Argentino.

La peligrosidad se multiplica con el "combo" desregulador: el mismo proyecto elimina las restricciones para cambiar el uso del suelo después de incendios, creando un perverso incentivo para ígneos intencionales que despejen tierras a bajo costo y permitan su posterior explotación inmobiliaria o minera.

Esta entrega indiscriminada agrava violentamente los conflictos territoriales históricos. Comunidades indígenas y campesinas, que ya enfrentan dificultades para regularizar sus posesiones ancestrales, quedarán aún más expuestas al desplazamiento por parte de grandes capitales sin ningún tipo de freno.

Estados Unidos han multiplicado las leyes que prohíben la venta de tierras, especialmente agrícolas y cerca de bases militares, a ciudadanos de países considerados adversarios, invocando precisamente la "seguridad nacional".

La contradicción es hiriente: mientras el Estado argentino hace que reclama soberanía sobre las Islas Malvinas, un proyecto impulsado por su propio gobierno facilita la enajenación del territorio continental sin límites.

Mientras Argentina se dispone a regalar sus restricciones, Estados Unidos, bajo administraciones republicanas, multiplica las leyes que prohíben la venta de tierras, especialmente agrícolas y cerca de bases militares, a ciudadanos de países considerados adversarios, invocando precisamente la "seguridad nacional". Esta divergencia desnuda la lógica de claudicación: lo que para las potencias es un activo estratégico a proteger celosamente, para este proyecto local se convierte en una mercancía más en el mercado global.

El discurso oficial habla de "inversiones", pero no presenta estudios de impacto. Como señaló el investigador del CONICET Facundo Martín, la ley no obstaculizaba inversiones serias; su derogación responde más a un gesto ideológico hacia corporaciones internacionales.

El verdadero impacto será la transferencia de soberanía: el control sobre el suelo, el agua, la biodiversidad y la frontera pasará progresivamente a manos de actores cuyos intereses no están alineados con los de la Nación. Es una apuesta temeraria que compromete el futuro del país y de sus próximas generaciones.

Fuentes:

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