El gobierno colonial británico en las Islas Malvinas anunció la convocatoria a elecciones generales para diciembre de 2025, en las que se renovarán los ocho escaños de su Asamblea Legislativa. Según el cronograma difundido, el proceso comenzará el 31 de octubre con la proclamación oficial y culminará el 11 de diciembre con la votación.

Sin embargo, este ejercicio democrático, peculiar por su falta de partidos políticos -todos los candidatos se postulan como "independientes"-, no modifica en nada el estatus ilegítimo de una administración extranjera en territorio argentino, ocupado por la fuerza desde 1833.

El sistema electoral vigente, impuesto por Londres, establece que la Asamblea se compone de cinco representantes de Puerto Argentino y tres de Camp, la zona rural. La última elección, en 2021, mantuvo el modelo de candidaturas individuales, sin estructuras partidarias, una rareza a nivel global que solo se repite en otros enclaves coloniales como Santa Elena.

Aunque las autoridades británicas insisten en presentarlo como un acto de autodeterminación, la realidad es que la población actual -trasplantada y minoritaria- carece de derecho a decidir sobre un territorio reconocido por Naciones Unidas como sujeto a disputa de soberanía.

El absurdo referéndum de 2013, donde el 99.8% de los votantes optó por seguir bajo dominio británico, fue ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por realizarse bajo una estructura demográfica colonial.

A diferencia de otros territorios británicos como Gibraltar o las Bermudas, donde sí existen partidos políticos, Malvinas opera bajo un simulacro de democracia hiperlocal, diseñado para perpetuar el control extranjero.

Más allá de las formalidades electorales, el conflicto de soberanía sigue vigente. Argentina ha rechazado sistemáticamente estas prácticas, recordando que la resolución 2065 de la ONU exige negociaciones bilaterales por la descolonización.

Mientras Londres promueve la imagen de normalidad institucional, la creciente presencia militar británica en las islas -con una base nuclear y más de 1,200 efectivos- delata la naturaleza forzada de esta ocupación, uno de los últimos vestigios coloniales del siglo XXI.

La próxima elección, aunque presentada como un acto cívico, no es más que una fachada para legitimar una situación ilegal. Como señala el derecho internacional, ningún acto de administración británica -por más participativo que parezca- puede alterar el carácter de Malvinas como parte integral de Argentina.

La democracia, cuando se ejerce sobre poblaciones trasplantadas y en territorios usurpados, no es más que colonialismo con urnas.