La judicialización contra la explotación clandestina de hidrocarburos en los espacios marítimos e insulares correspondientes a las Islas Malvinas sumó el pasado jueves 10, un capítulo de escala penal en los tribunales federales de Retiro. Dando continuidad al paquete de medidas anunciado en cadena nacional el pasado 3 de septiembre, la Cancillería encabezada por Pablo Quirno radicó dos nuevas denuncias penales por violación a la Ley 26.659, totalizando tres causas abiertas en apenas una semana contra las operadoras y licenciatarias que intervienen en la Cuenca Malvinas Norte.

El registro de sorteos de la Cámara Federal porteña asignó los nuevos expedientes al Juzgado Federal N.º 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, y al Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Daniel Rafecas. Se suman a la causa madre iniciada el martes anterior ante el Juzgado Federal N.º 12, bajo la subrogancia de Julián Ercolini.

Tres frentes penales y pedidos de captura financiera internacional

Las dos presentaciones más recientes tienen como blanco directo a las corporaciones británicas Desire Petroleum Limited y Borders & Southern Falkland Islands Limited. En tanto, la primera denuncia había apuntado a la estructura central del consorcio que lidera el proyecto Sea Lion: la israelí Navitas Petroleum (en sus filiales Development & Production Ltd., Atlantic Limited y LP), junto a JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El escrito elaborado por el Palacio San Martín no se limita a imputar la infracción abstracta del artículo 7° de la Ley 26.659 —que fija penas de 5 a 10 años de prisión, multas, inhabilitación y el decomiso de buques, crudo e instalaciones—, sino que avanza sobre figuras más complejas:

• Responsabilidad penal individual: Solicita identificar e imputar a los directores, administradores y apoderados que financiaron, planificaron o ejecutaron los planes de perforación.
• Calificación ampliada: Pide que se investigue a los directivos por presunta asociación ilícita, infracciones aduaneras, lavado de activos y delitos contemplados en la Ley de Residuos Peligrosos.
• Exhortos y cooperación internacional: Requiere librar exhortos diplomáticos y pedidos de asistencia jurídica mutua para rastrear información societaria, bancaria y contractual de los directivos en jurisdicciones extranjeras.

La Cancillería invocó como jurisprudencia rectora el expediente de 2015 caratulado “Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) y otros s/ infracción a la Ley 22.415”, donde la Justicia Federal con asiento en Tierra del Fuego ya había establecido la doctrina de investigar a los administradores de las sociedades involucradas en el despojo hidrocarburífero.

La nómina administrativa: 40 empresas y 20 personas bajo la lupa

En el plano de la Secretaría de Energía, el Ejecutivo notificó el inicio de procedimientos sancionatorios contra una nómina de 60 sujetos (40 personas jurídicas y 20 físicas):

• Navitas: 7 sociedades y 5 ejecutivos (la matriz ya cargaba con una inhabilitación por 20 años dictada en 2022).
• Rockhopper: 8 empresas vinculadas y 4 directores.
• Borders & Southern: 5 directivos y 5 entidades societarias.
• JHI / Eco Atlantic: 8 compañías y 8 administradores.
• Cadena de suministros: Cerca de 10 empresas de servicios, logística y arquitectura offshore que prestan soporte técnico a los yacimientos clandestinos.

El “doble estándar” que interpela al Gobierno: Bluewater y Harbour

A pesar de la contundencia exhibida en Comodoro Py, el expediente deja expuestas contradicciones operativas que el relato oficial no logra saldar:

1.   El caso Bluewater Energy Services: La multinacional neerlandesa propietaria de la unidad flotante de producción y almacenamiento (FPSO) Aoka Mizu —fletada por Navitas para operar en Sea Lion— no figura en el listado de sancionadas difundido por las agencias informativas. El dato cobra relevancia crítica: la misma firma fue contratada para participar en el proyecto del oleoducto VMOS que evacuará el crudo no convencional de Vaca Muerta hacia la costa de Río Negro, consorcio integrado por la estatal YPF.

2.   La presencia intacta de Harbour Energy: La operadora británica con sede en Londres explota yacimientos en Vaca Muerta y ostenta el 37,5% del consorcio de la Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) en Tierra del Fuego. Harbour absorbió los activos de Premier Oil, compañía inhabilitada por Argentina tras haber sido socia de Rockhopper en el propio proyecto Sea Lion y luego vendió sus acciones a Navitas.

La ofensiva judicial articulada entre Comodoro Py y el Juzgado Federal de Río Grande estrecha el cerco financiero sobre las empresas que operan al amparo de la ocupación militar de facto. No obstante, la eficacia real del andamiaje punitivo dependerá de que las medidas alcancen sin excepciones a toda la cadena de proveedores y corporaciones que extraen ganancias en territorio continental y marítimo argentino.