En un intento por desviar la atención del laberinto político y administrativo en el que quedó envuelto tras repudiar la presencia del buque tanque británico VS PROMISE en el puerto de Ushuaia, el gobierno de Gustavo Melella desplegó una operación de prensa (con una sarta de boludos incluidos); direccionada a través de medios afines, filtrando planillas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para intentar trasladar la responsabilidad del control de la exportación hidrocarburífera a las autoridades federales.
Sin embargo, el cotejo de esa misma documentación oficial —que integra los expedientes tramitados por la propia administración fueguina— no hace más que ratificar la intervención directa, el pleno conocimiento y la convalidación que el Estado provincial ejerció sobre la operatoria del tanquero en la monoboya de Río Cullen, donde se liquidaron y cobraron las regalías de los recursos del subsuelo fueguino.
La prueba documental que desmorona el desconocimiento oficial
Lejos de eximir al Ejecutivo provincial, el cruce de los despachos electrónicos de la Prefectura y las presentaciones de las agencias marítimas ante los organismos fueguinos expone que todos los datos técnicos, la bandera colonial y el destino de la carga obraban en poder del Gobierno de Tierra del Fuego desde antes de que el buque recalara en Ushuaia.
CRUCE DE INSTRUMENTOS OFICIALES

1. DESPACHO PNA N.º 116401 (Entrada 12/08/2026 - 08:00 hs):
• Buque: VS PROMISE | IMO: 9351438 | Bandera: ISLA DE MAN.
• Estado de carga: En lastre (vacío) | Procedencia: Los Ángeles (EEUU).

2. NOTA CRUISING USHUAIA S.A. A LA DPP (19/08/2026):
• Informa arribo, matrícula y bandera formal: ISLA DE MAN. │
• Entrega de Manifiesto de Carga y Declaración General a la Provincia.
• Volumen cargado: 22.464,570 Toneladas (22.464.570 kg) de crudo.
• Destino final de la exportación: Nederland, Texas (Estados Unidos).

3. DESPACHO PNA N.º 117292 (Salida 13/08/2026 - 18:30 hs):
• Estado: Cargado con 22.464 TN de hidrocarburos | Calado: 9 metros.
• Destino inmediato declarado: Área Anomalías Magallanes / Jurisdicción│
1. La notificación formal de la Agencia Marítima: Mediante una nota oficial ingresada el 19 de agosto de 2026 ante la Dirección General del Puerto de Río Grande (DPP), la empresa Cruising Ushuaia S.A. (representada por el agente marítimo Federico A. Moya) formalizó la entrega de la Declaración General de entrada y salida, los manifiestos de carga y el certificado de tonelaje del “buque tanque VS PROMISE, de bandera Isla de Man”. En dicho instrumento público, la agencia le notificó a la Provincia que el buque cargó en la monoboya norte 22.464,570 toneladas de petróleo crudo con destino final a Nederland - Texas (Estados Unidos).
2. Los despachos de Prefectura en los expedientes de Hidrocarburos: Las planillas electrónicas de despacho (N.º 116401 de Entrada y N.º 117292 de Salida), filtradas intencionalmente a la prensa, constatan que la autoridad marítima registró el ingreso del buque en lastre proveniente de Los Ángeles el 12 de agosto y autorizó su salida el 13 de agosto ya cargado con las 22.464 toneladas de hidrocarburos. Estos certificados forman parte de la documentación que las operadoras presentan de forma obligatoria ante la Secretaría de Hidrocarburos provincial para la auditoría de regalías y la confección del Certificado de Origen.
La maniobra de distracción: mezclar seguridad náutica con dominio del recurso
La operación mediática impulsada por el oficialismo intenta confundir a la opinión pública mezclando dos planos jurídicos completamente distintos:
- El rol de la Prefectura: Como policía de seguridad de la navegación y autoridad marítima nacional, la PNA verifica condiciones de navegabilidad, titulación de tripulantes y seguridad náutica (convenios SOLAS, MARPOL, líneas de carga). La Prefectura no decide a quién se le vende el crudo ni administra las rentas del subsuelo.
- La potestad exclusiva de la Provincia: En virtud de la Constitución provincial y la Ley Nacional N.º 26.197 ("Ley Corta"), el dominio originario y la fiscalización económica y ambiental sobre los hidrocarburos corresponden con exclusividad al Gobierno de Tierra del Fuego. Es la Secretaría de Hidrocarburos la que certifica el volumen para liquidar las regalías que financian el presupuesto provincial y se coparticipan a los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Pretender que la Prefectura Naval es la responsable política de que un buque con pabellón del Reino Unido exporte el crudo fueguino constituye una falsedad técnica. La Prefectura despacha buques conforme al derecho de navegación internacional; quien entrega el petróleo, fiscaliza los tanques de Cullen, autoriza el volumen y cobra las tasas portuarias y las regalías es el Estado provincial, quien además notifica a los organismos nacionales de competencia.
El laberinto de la gestión provincial
La secuencia documental deja al descubierto la inconsistencia de la Casa de Gobierno:
- El 19 de agosto, la Dirección Provincial de Puertos recibió formalmente la nota de la agencia marítima detallando la bandera de la Isla de Man y las 22.464 toneladas de petróleo cargadas hacia Texas.
- El 20 de agosto, la DPP emitió la Nota N-DA-DJZN-57-2026 ordenando facturar los dos días de espejo de agua y el tonelaje embarcado por el VS PROMISE.
- El 24 de agosto, cuando el petrolero arribó al muelle de Ushuaia, el gobierno emitió un comunicado repudiando la presencia británica y acusando al Gobierno nacional, alegando desconocer lo ocurrido en el norte.
- El 26 de agosto, la Fiscalía de Estado intimó formalmente al gobernador Melella por 15 días para que entregue todas las actas, expedientes y manifiestos de Cullen.
- El 27 de agosto, el oficialismo filtró las planillas de Prefectura buscando correr el eje de la discusión hacia el ámbito federal.
Los documentos oficiales ratifican que el gobierno de Tierra del Fuego no fue un espectador ajeno: tramitó la documentación donde figuraba la bandera británica, fiscalizó la carga del crudo, liquidó las tasas portuarias y certificó la salida del recurso estratégico. La filtración de despachos marítimos confirma que el Estado provincial disponía de toda la información técnica y administrativa sobre el buque mientras sostenía en público un relato de repudio infundado.