La tensión diplomática y jurídica entre la República Argentina y Chile por la reapertura de la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas ingresó en una fase de abierta confrontación. En un giro que desarticula la estrategia de contención ensayada días atrás por el Palacio de La Moneda, el gerente general y cofundador de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, desafió públicamente tanto a la Cancillería argentina como al propio vocero del presidente José Antonio Kast, afirmando de manera categórica que el buque carguero Danstar no solicitará ninguna autorización para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas rumbo al archipiélago usurpado.
En una entrevista concedida al medio político chileno Ex-Ante y replicada por ZonaZero.cl, el empresario naviero —cuya embarcación ya se encuentra en proceso de mantención en los astilleros estatales de ASMAR en Punta Arenas— cerró la puerta a la salida administrativa que le había sugerido el ministro vocero Gonzalo Arenas Hodar, quien había señalado que "el que tiene que pedir permiso es el buque".
“Hay un protocolo donde se anuncia el paso del buque, que no puede detenerse, tiene que mantener su rumbo y seguir su navegación. Es un protocolo que se anuncia, no es un permiso que se solicita (...). No se le pide ningún permiso a Argentina, se le avisa”, describió Pacheco.
Desacato a La Moneda y advertencia directa a Buenos Aires
La definición del empresario deja expuesta la creciente indisciplina interna del frente chileno y elevó a un nivel crítico la escalada bilateral. Consultado por la directiva implícita emitida por el portavoz de Kast para que los armadores privados tramitaran el permiso ante la autoridad marítima argentina, Pacheco marcó distancia con desdén —“las palabras del vocero son del vocero”— y lanzó una advertencia política dirigida directamente al gobierno de Javier Milei:
“Que un país rompa un acuerdo firmado es bastante complejo, no solo para la relación entre dos Estados, sino para la imagen que proyecta hacia afuera un país que pone restricciones a la libre navegación y al libre comercio entre privados”.
De este modo, la empresa ratificó que únicamente tramitará permisos de zarpe ante la autoridad marítima chilena en Punta Arenas y de recalada ante la capitanía ilegítima de "Puerto Stanley" en las islas ocupadas por el Reino Unido, desconociendo de plano la vigencia del Decreto PEN 256/2010 y el requerimiento explícito formulado semanas atrás por el canciller argentino Pablo Quirno.
Pacheco aseguró además que no contempla planes de contingencia ni solicitará escolta de la Armada de Chile, apostando a forzar el hecho consumado bajo la cobertura del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la figura internacional del "paso inocente", fijando la nueva ventana de partida hacia Malvinas para la tercera o cuarta semana de diciembre.
La coartada de los "insumos básicos" frente al cerco petrolero
Consciente de que su desafío normativo coloca a la embarcación en trayectoria de colisión con la Prefectura Naval y la Armada Argentina —y en paralelo al debate en el Congreso argentino sobre el proyecto de ley de la diputada Agustina Propato para interdictar y decomisar buques que asistan a la ocupación colonial—, el gerente de Easter Island intentó nuevamente blindar el cargamento detrás de un relato estrictamente humanitario y civil:
- Composición de la carga: Aseguró que las bodegas transportarán exclusivamente alimentos frescos (frutas, verduras y lácteos), gas licuado para calefacción domiciliaria y materiales de construcción destinados a viviendas y colegios.
- Desmarque del proyecto Sea Lion: Frente al litigio impulsado por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo para frenar las perforaciones ilegítimas en la Cuenca Malvinas Norte, Pacheco declaró: “Nuestra naviera se desmarca de todo lo que es el proyecto de hidrocarburos que se pretende explotar al norte de las islas. Ese es un poco el dolor que hoy tiene el gobierno argentino (...). No hemos tenido ni sostendremos reuniones con esas empresas”.
Una ruta de colisión sin retorno
El desafío frontal de Pacheco pulveriza la coartada con la que Santiago intentaba evitar una crisis de Estado a Estado. Al negarse el armador privado a solicitar la autorización exigida por la ley argentina —desoyendo incluso la recomendación pública del vocero de su propio gobierno—, la operación del Danstar deja de ser una controversia administrativa para convertirse en un acto deliberado de desacato jurisdiccional en el Mar Territorial argentino.
Sin el permiso tramitado, con un contrato comercial suscripto directamente con la corporación colonial británica (Falkland Islands Development Corporation) y con el alistamiento técnico ejecutado en los talleres estatales de ASMAR, la cuenta regresiva hacia fines de diciembre coloca a la República Argentina ante una encrucijada soberana ineludible: o se aplica con todo el rigor de la ley el poder de policía marítima sobre el buque infractor al abandonar el Estrecho de Magallanes, o se convalida por la vía de los hechos la apertura de un puente logístico colonial en violación abierta de nuestra legislación nacional.