El vaciamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas ya no solo se mide en hangares vacíos, barcos amarrados por falta de combustible o bases sin gas. Hoy tiene rostro humano y un componente de degradación institucional inédito en la historia de la República: el Ministerio de Defensa ha autorizado formalmente a soldados, suboficiales y oficiales a tener un segundo empleo privado en plataformas de transporte, reparto o seguridad privada para subsistir.

La medida, camuflada bajo una cínica narrativa de "ampliación de libertades individuales", es en realidad la firma de defunción de la profesionalización militar. El Gobierno nacional blanquea lo que en los cuarteles ya era un secreto a voces: el salario castrense no alcanza para cubrir la canasta básica.

El derrumbe del salario real

La suspensión de la jerarquización salarial —aquella política que buscaba equiparar los ingresos de los militares con los de las fuerzas de seguridad—, ha sumergido al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en una crisis terminal. Desde diciembre de 2023, el sueldo castrense perdió más de un 80% en relación con la inflación, provocando que el poder adquisitivo real sea hoy un 25% más bajo que al inicio de la gestión de Javier Milei.

La consecuencia directa es la deserción masiva y la fuga de cerebros de la defensa nacional. Pilotos con miles de horas de vuelo, ingenieros mecánicos navales, médicos militares, operarios tácticos y especialistas en ciberdefensa y comunicaciones —perfiles cuya formación le costó millones de dólares al Estado argentino— abandonan la carrera militar para volcarse al sector privado o, ahora, al cuentapropismo regulado por algoritmos extranjeros.

La perversidad del diseño: Vaciar para entregar

Esta degradación no es un accidente de gestión; es una política de desmantelamiento por diseño. Cuando conectamos los puntos de la investigación que viene realizando este medio, la matriz de la entrega queda al descubierto:

• Por un lado, se le aplica un recorte de $59.000 millones a los programas de alistamiento operativo de nuestras fuerzas, dejando a las bases sin presupuesto para luz o raciones de comida.
• Por el otro, se congela y destruye el salario del personal, empujando a los oficiales con años de formación en logística e inteligencia territorial a vigilar countries o repartir comida en sus horas libres.

Al destruir la capacidad operativa y moral del soldado argentino, el Poder Ejecutivo crea de manera artificial la "necesidad" de aceptar la tutela extranjera. Es la justificación perfecta para la firma del pacto entre el Almirante Romay y el Contraalmirante Sardiello (Cuarta Flota de EE. UU.): como el Estado argentino "no puede" sostener a sus marinos ni a sus naves, le entrega los ojos y el cerebro de la vigilancia del Atlántico Sur al Comando Sur a través del Programa 333 y la doctrina de los "Bienes Comunes".

Una afrenta a la Memoria y la Soberanía

Resulta de una humillación quirúrgica, para quienes tienen la responsabilidad constitucional de custodiar la soberanía nacional, la ruta bioceánica y la proyección hacia la Antártida; deban financiar su canasta familiar manejando un Uber. Mientras tanto, a pocos kilómetros de nuestras costas, el Reino Unido consolida y financia con presupuestos multimillonarios la fortaleza militar de la OTAN en las Islas Malvinas y saquea nuestros recursos pesqueros.

El modelo de Milei es transparente: Argentina pone el territorio y la renuncia jurídica de las 200 millas; los Estados Unidos ponen la dirección estratégica del Atlántico Sur hasta 2030; y los militares argentinos quedan reducidos a un personal auxiliar desfinanciado que, al bajarse de la guardia, tiene que salir a manejar un auto para llegar a fin de mes.