En un giro amenazador del caso Lago Escondido, la Cámara Federal porteña procesó a Ricardo Nissen, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la gestión presidencial de Alberto Fernández, por abuso de autoridad tras investigar a Hidden Lake S.A., la empresa del magnate británico Joe Lewis.

Según informaron distintos medios de prensa de la Argentina, la decisión judicial se produce en simultáneo con un acuerdo secreto de la administración Milei para cerrar la demanda que buscaba anular la compra de las 12.000 hectáreas de tierras patagónicas. Un esquema de impunidad que se consolida mientras la Corte Suprema sigue sin resolver el acceso público al lago.

El multimillonario británico Joe Lewis al salir de la corte federal de Manhattan, en 2023

La Sala II de la Cámara Federal porteña ha provocado un nuevo terremoto político-judicial al procesar a Ricardo Nissen, exinspector general de Justicia de la Nación, por abuso de autoridad. El cargo se fundamenta en las resoluciones de 2022 y 2023 en las que Nissen impulsó pedidos ante la Justicia Comercial para declarar nula e intervenir judicialmente a Hidden Lake S.A., la sociedad de Joe Lewis propietaria de la estancia en la zona de Lago Escondido, Río Negro.

Este procesamiento es el resultado de una persecución judicial que ha visto a Nissen ser sobreseído en cuatro oportunidades por dos jueces federales distintos (Sebastián Casanello y Daniel Rafecas), antes de que la Cámara Federal revocara esas decisiones y avanzara con la imputación actual. El fallo fue aprobado con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia de Roberto Boico.

Un Procesamiento Basado en Omisiones Críticas

El voto de Irurzun argumenta que la IGJ habría aplicado un criterio reservado para sociedades sospechadas de fraude sobre una premisa falsa, alegando que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de 2005 no estaba firme ni ordenaba el acceso público al lago. Farah, por su parte, calificó el caso de extraordinario y alejado de toda experiencia institucional previa.

Sin embargo, el tribunal omitió en su fallo los cuatro fundamentos presentados por la IGJ para la intervención judicial de Hidden Lake: la sociedad no tenía actividad empresaria real; sus gastos eran solventados por sociedades offshore del Caribe nunca inscriptas en Argentina; existía un "ejército privado" que impedía el acceso público al lago; y sus instalaciones habían sido utilizadas para recepciones políticas, incluyendo el célebre viaje de octubre de 2022 de jueces, fiscales y ejecutivos del Grupo Clarín.

Impugnación Silenciosa y Opaca

El procesamiento de Nissen no puede leerse de manera aislada. Se produce en simultáneo con otro hecho de igual envergadura: la administración Milei acordó con Lewis y los apoderados de Hidden Lake ponerle fin a la acción de lesividad que el propio Estado había iniciado en 2023 para anular la compra de las tierras patagónicas. Esa acción había sido impulsada por el Ministerio del Interior bajo la conducción de Wado de Pedro, con sustento en dictámenes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de la Procuración del Tesoro de la Nación.

La maniobra de Lewis para hacerse de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera en 1996 había sido documentada como fraudulenta, utilizando testaferros y sociedades pantalla para eludir la prohibición legal. El acuerdo que clausuró esa acción del Estado fue firmado durante la feria judicial de enero de 2026 y homologado el 28 de ese mes, con respaldo del Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli. El expediente, que hasta entonces era público, desapareció de la intranet del Poder Judicial y ahora su acceso es reservado.

La Conexión de "Los Huemules"

La conexión entre ambos frentes del caso no es casual. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el camarista de Casación, Carlos Mahiques, integran el universo de "Los Huemules del lawfare". Ambos estuvieron en aquel viaje a la estancia de Lewis; Carlos fue quien en 2021 archivó la causa penal contra Lewis por prescripción. Ahora, mientras el Ejecutivo cierra la vía civil con una conciliación sombría, la Cámara Federal avanza contra el funcionario que se atrevió a investigar a la empresa.

La causa por el acceso público al Lago Escondido (el camino Tacuifí), cuya habilitación fue ordenada y revocada en múltiples ocasiones, aguarda todavía una resolución de la Corte Suprema de Justicia, donde un recurso extraordinario presentado por la exlegisladora Magdalena Odarda permanece sin tratamiento desde hace más de dos años. El esquema de impunidad que rodea a Joe Lewis y sus tierras en la Patagonia se consolida, mientras que la justicia parece cebarse con aquellos que buscan la transparencia y el cumplimiento de la ley.