El máximo tribunal de Tierra del Fuego se declaró competente para entender en la demanda del municipio de Tolhuin. La justicia deberá resolver sobre la multa y la "sanción accesoria de demolición" de las antenas que ponen en grave riesgo, la seguridad nacional. 

Por tal motivo, la disputa legal por la permanencia del radar de capitales británicos e irlandeses en la estancia "El Relincho", podría haber escalado a su instancia definitiva. El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (STJ) notificó formalmente su decisión de asumir la competencia originaria en la causa “Municipalidad de Tolhuin c/ LeoLabs Argentina S.R.L. s/ Contencioso Administrativo” (Expediente Nº 4700/2025).

Esta resolución representa una ratificación a la estratégica del municipio de Tolhuin, que busca ejecutar el desarme total de la estructura, tras haber agotado las instancias administrativas por infracciones a las normativas de edificación local.

El camino a la Corte Provincial

La causa llegó al STJ luego de que el juez de Tolhuin, Dr. José Silvio Pellegrino, se declarara incompetente, entendiendo que el conflicto trasciende lo civil para entrar de lleno en el derecho administrativo. Los jueces del Superior Tribunal —Battaini, Sagastume, Muchnik y Cristiano— ratificaron este criterio, otorgando a LeoLabs Argentina SRL, un plazo de 15 días para presentarse y contestar la demanda.

El pedido del intendente Daniel Harrington es contundente; reclama el cobro de una multa de 1.000 Unidades Punitorias (estimada en $868.000 más intereses) y autorización judicial para desmantelar las antenas y las bases de cemento en la Parcela 116 E, Sección R. en la Ea. El Relincho.

Igualmente queda claro que el planteo de la municipalidad de Tolhuin no es solo administrativo; es un acto de soberanía territorial. 

Validación Judicial

Hoy, la batalla se libra en los expedientes. La notificación enviada al apoderado de LeoLabs, Pablo Bilbao, podría ser el punto de inicio de la cuenta regresiva para una estructura que nunca debió tocar en suelo fueguino.

Al declararse competente, el STJ reconoce que el planteo de demolición del municipio tiene asidero legal y debe ser resuelto. LeoLabs intentó eludir las responsabilidades administrativas, pero el rechazo de sus recursos de reconsideración dejó la vía libre para la ejecución forzosa.

Si la justicia mantiene el ritmo del "proceso sumario" solicitado, para mediados de 2026 el radar debería ser historia.

Mientras la embajada de EE.UU. y el Comando Sur presionan por el mantenimiento y activación del radar, la justicia provincial hoy tiene en sus manos la posibilidad de hacer valer la normativa local, en defensa de los más altos intereses de la Nación.