La entrega de la soberanía argentina ya no se frena con mapas ni tratados, ahora se legisla. La Libertad Avanza, con el aval de comisiones en el Senado, logró firmar el dictamen de mayoría de un proyecto que, bajo el eufemismo de proteger la propiedad privada, funciona como una verdadera ley de extranjerización forzada. La iniciativa borra de un plumazo los límites de la Ley de Tierras (26.737) y abre la puerta a un peligro geopolítico sin precedentes: la adquisición de territorio nacional por parte de Estados extranjeros.

Tierras a terceros Estados con autorización presidencial

Según lo publicado por varios medios de prensa de la República Argentina, el proyecto original de Javier Milei contenía una única restricción: la prohibición de vender tierras a Estados extranjeros. Sin embargo, para conseguir el apoyo de gobernadores aliados —como Alfredo Cornejo en Mendoza—, el oficialismo incluyó una excepción alarmante en el Artículo 3: las provincias podrán presentar "proyectos de cooperación" para que un Estado extranjero compre tierras, requiriendo solo la autorización del Poder Ejecutivo Nacional.

Durante el debate, la ministra Patricia Bullrich defendió la modificación utilizando como ejemplo la Base Espacial de la Unión Europea en Malargüe. En la práctica, especialistas advierten que la ley no especifica si esta excepción se tramitará por ley provincial, decreto o una simple nota. Se trata de una ventana legal de extrema vaguedad que permitirá a potencias como Estados Unidos instalar bases militares o científicas bajo el amparo de gobernadores locales.

El fin de los límites

El dictamen de mayoría deroga los pilares fundamentales que protegían el territorio nacional desde 2011:

• Se elimina el límite del 15% de extranjerización nacional.
• Se borra el tope del 30% para personas o empresas de una misma nacionalidad.
• Se deroga el máximo de 1000 hectáreas por titular extranjero.

Al desvincular estas tierras del régimen de zonas de seguridad de frontera y eliminar las restricciones específicas sobre cuerpos de agua, los recursos hídricos quedan completamente desprotegidos. Esta desregulación busca liberar el acceso a ríos y lagos patagónicos con un objetivo moderno y corporativo: garantizar el agua necesaria para instalar un hub de data centers de Inteligencia Artificial (IA) operados por multinacionales tecnológicas. Los "Joe Lewis de la vida", de parabienes.

El RIGI y la colisión con los glaciares

La entrega de tierras no es un hecho aislado; forma parte de un plexo normativo diseñado para el saqueo que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas a la Ley de Glaciares. Las corporaciones mineras exigían estas modificaciones para avanzar sobre áreas protegidas.

A partir de los datos relevados por el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y el Observatorio de Extranjerización de la Tierra, la investigación detalla que en departamentos como Iglesia (San Juan), la extranjerización real ya alcanza el 24,95% (450.000 hectáreas) en zonas rodeadas por glaciares inventariados donde operan gigantes como BHP Group. En Antofagasta de la Sierra (Catamarca), proyectos de litio como los de Río Tinto o Galán Litio ocupan extensiones que ni siquiera figuran en los registros oficiales, evidenciando una subdeclaración histórica que esta ley busca blanquear.

Un archipiélago colonial

Con el desguace de la CNEA para entregar el uranio a Washington, el control del Atlántico Sur cedido al Comando Sur y, ahora, la desregulación total del suelo y el agua, el mapa del despojo está completo.

La ruptura del principio de progresividad ambiental y territorial expone el verdadero plan continental: transformar a la Argentina en un archipiélago de estancias privadas, bases extranjeras y zonas de sacrificio minero fuera del control del Estado. La soberanía nacional está siendo subastada en el Congreso, y el territorio queda a merced de una lógica de mercado sin resguardos.