El reciente despliegue normativo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional —concretado a través de decretos y llamados a licitación para privatizar y reprivatizar complejos hidroeléctricos clave en el Comahue, Mendoza (Los Nihuiles) y unidades en el norte y centro del país— no constituye una mera reformulación del mercado eléctrico. Representa, en su dimensión geopolítica y estructural, un peligroso retroceso en la capacidad de la Argentina para ejercer soberanía efectiva sobre sus recursos estratégicos y su matriz energética nacional.

El remate de infraestructuras hidroeléctricas y térmicas —construidas, financiadas y sostenidas con el capital y la planificación del Estado argentino a lo largo de más de medio siglo— expone una lógica extractivista y financierista donde el patrimonio estratégico es sacrificado bajo la urgencia fiscal de captar divisas a corto plazo.

La entrega del patrimonio y la pérdida de control estatal

El control del agua y de la generación de energía no es solo una variable económica o tarifaria: es un pilar indispensable de la seguridad nacional y de la autodeterminación territorial. Al desprenderse de la titularidad y la administración de complejos fundamentales como Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y el sistema Los Nihuiles sobre el río Atuel, el Estado argentino renuncia voluntariamente al poder de regulación sobre la generación de base del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Esta política de "subasta acelerada" traslada activos de alto valor estratégico al capital privado trasnacional. Se trata de un esquema en el que la búsqueda de renta empresarial desplaza el interés público y la planificación del desarrollo nacional, dejando al país expuesto a la fijación de tarifas extranjerizadas y a la vulnerabilidad en la toma de decisiones energéticas.

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Soberanía amputada: un hilo conductor

La desarticulación del Estado en el control de sus recursos continentales, guarda un paralelo directo con el andamiaje jurídico y económico que ha facilitado la consolidación colonial y la expoliación de recursos en el Atlántico Sur.

Un Estado que enajena sus represas, sus ríos y sus fuentes primarias de energía pierde musculatura política e institucional para sostener una posición de firmeza frente a las presiones internacionales. La subordinación del interés nacional a los imperativos del mercado financiero exterior debilita la capacidad del país para defender sus fronteras energéticas, marítimas y territoriales.

El desmonte de las empresas estatales y la entrega de infraestructuras vitales representan un modelo de desposesión que degrada la autodeterminación de la Argentina. Recuperar el sentido estratégico de la energía y defender el patrimonio público acumulado por generaciones resulta una condición indispensable para cualquier proyecto de soberanía nacional integradora.