Casi una década después de la implosión que costó la vida a 44 tripulantes, cuatro exjefes de la Armada Argentina se sientan en el banquillo de los acusados. Entre denuncias de mantenimiento deficiente y negligencia operativa, el Tribunal de Río Gallegos busca determinar las responsabilidades penales de una de las mayores catástrofes navales del país.

El 15 de noviembre de 2017, el Mar Argentino se tragó al submarino ARA San Juan. Durante un año, la incertidumbre paralizó al país hasta que, en 2018, sus restos fueron hallados a 900 metros de profundidad. Hoy, en marzo de 2026, la justicia finalmente intenta dar respuestas a las familias que nunca dejaron de reclamar.

El banquillo de los acusados

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos dio inicio al debate contra cuatro oficiales superiores que, al momento del siniestro, ocupaban roles clave en la cadena de mando:

• Contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo: Exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
• Capitán de Navío Claudio Javier Villamide: Exjefe de la Fuerza de Submarinos (destituido).
• Capitán de Navío (RE) Héctor Aníbal Alonso: Exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.
• Capitán de Fragata (RE) Hugo Miguel Correa: Exjefe de Operaciones.

Los cargos son graves: incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Una nave "enviada al sacrificio"

La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por los fiscales Zárate, Colla, Franco Pruzan y Garmendia Orueta, es contundente: el submarino no estaba en condiciones de navegar.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el ARA San Juan presentaba un estado de mantenimiento deficiente y había excedido en 26 meses el intervalo reglamentario para ingresar a dique seco. Los fiscales sostienen que los imputados conocían las fallas —incluyendo incidentes similares en julio de 2017— y, aun así, ordenaron la misión de patrullaje.

"Se elevó el riesgo permitido e indebidamente se aumentó el riesgo ínsito de la actividad submarina", señala el dictamen fiscal.

El dolor de las familias y la ausencia política

A pesar del inicio del proceso, el clima entre las querellas es de escepticismo. El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44, lamentó la lejanía de la sede del juicio (a 2.500 km de Buenos Aires) y la falta de peritajes sobre los restos hallados.

Además, persiste el malestar por la ausencia de responsabilidades políticas directas en este juicio, luego de que se confirmaran los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y exjefes de inteligencia en causas paralelas vinculadas al espionaje contra los familiares.

Cronología de una implosión anunciada

• 25 de octubre de 2017: El submarino zarpa de Mar del Plata hacia Ushuaia con fallas documentadas.
• 14 de noviembre de 2017: El capitán Pedro Fernández informa el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, provocando un cortocircuito e incendio en el tanque de baterías N°3.
• 15 de noviembre de 2017 (10:51 hs): Se registra la última comunicación. La nave implosiona al superar la profundidad de colapso debido a la pérdida de control.

El juicio que comienza hoy no solo busca castigo, sino la verdad técnica sobre por qué 44 marinos fueron enviados a una misión en una unidad que, según la fiscalía, tenía sus sistemas "degradados y fuera de servicio".