En un pronunciamiento de 25 fojas, la jueza federal hizo lugar a la medida cautelar innovativa y urgente solicitada por la Fundación Agustina Lerena —presidida por el experto en Atlántico Sur y pesca, Dr. César Augusto Lerena, con el patrocinio del constitucionalista Dr. Eduardo Salvador Barcesat— y ordenó a 12 gigantes pesqueros radicados en España y a 7 sociedades mixtas hispano-isleñas abstenerse de capturar, procesar a bordo, transbordar o descargar recursos vivos marinos en el mar territorial y en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en torno a Malvinas, además de prohibirles iniciar nuevas mareas o incorporar nuevos buques.

Las 19 corporaciones alcanzadas por la prohibición judicial

La orden de abstención dictada por la jueza Mariel Borruto recae de manera nominada sobre los principales conglomerados con sede en Galicia y sus vehículos societarios en Puerto Argentino:

• Empresas pesqueras con domicilio en España:

1.     Armadora Nores SL / Pesquerías Nores Marín (Marín)

2.     Armadora Pereira SA (Vigo)

3.     Chymar SA / Grupo Touza (Vigo)

4.     Copemar SA (Vigo)

5.     Lafonia Sea Foods SL y Frigoríficos del Morrazo (Vigo/Cangas)

6.     Marfrío SA (Marín)

7.     Pescapuerta SA (Vigo)

8.     Pesmar / Pesquerías Marinenses - Grupo Safío (Marín)

9.     Pesquera Moradiña SL (Cangas/Vigo)

10. Pesquera Vaqueiro SL / Pesca Baqueiro SA (Vigo)

11. Rampesca SA - Grupo Lanzal (Vigo)

12. WOFCO - Worldwide Fishing Company SL (Moaña)

• Sociedades mixtas hispano-isleñas en Malvinas:

1.     Argos Group Ltd + Armadora Pereira (Orion Fishing Company Ltd / Jupiter Fishing)

2.     Beauchene Fishing + Copemar + Marfrío (South Atlantic Squid Ltd)

3.     Fortuna Ltd + Pescapuerta + Astilleros Nodosa + Marfrío (Petrel Fishing Company Ltd)

4.     Fortuna Ltd + Pescapuerta (Beagle Fishing Company Ltd)

5.     RBC Ltd + Rampesca SA + Ferralemes Ltd (Kalamar Ltd / Castelo Fishing Co Ltd)

6.     Seaview Ltd + Lafonia Sea Foods / Moradiña / Frigoríficos del Morrazo / WOFCO (Polar Seafish Ltd / Polar Limited)

7.     Southern Cross Ltd + Chymar / Grupo Touza (Golden Touza Ltd - GTL)

La resolución establece taxativamente que la orden de no innovar y cese de faena se mantendrá vigente hasta que estas firmas cuenten con la habilitación formal de la Autoridad de Aplicación argentina bajo la Ley Federal de Pesca 24.922 o el juzgado disponga lo contrario.

Intimación de 10 días, inversión de la carga probatoria y preservación de documentos

El fallo no se limitó a una declaración prohibitiva: la jueza Mariel Borruto aplicó el principio de carga dinámica de la prueba consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y en la Ley General del Ambiente 25.675, reconociendo que la información operativa y societaria está en manos de quienes extraen los recursos y no del Estado argentino, que no recibe partes de pesca ni puede fiscalizar el área ocupada.

Por ello, el tribunal resolvió:

1.    Intimar a las empresas en un plazo perentorio de diez (10) días judiciales a presentar una declaración jurada con documentación respaldatoria que detalle: buques, matrículas y números OMI; licencias británicas invocadas; capturas acumuladas desde 2023 por buque y especie; descartes e impacto sobre juveniles; sistemas satelitales y partes de pesca; puertos de descarga; y pólizas de seguro ambiental (art. 22 de la Ley 25.675).

2.    Apercibimiento probatorio: Si las armadoras niegan pescar en aguas argentinas o afirman tener habilitación, deberán acreditarlo documentalmente bajo juramento; la falta de respuesta o una negativa sin sustento documental será valorada directamente en su contra.

3.    Orden estricta de preservación: Se ordenó a las 19 corporaciones preservar íntegramente diarios de pesca, partes de captura y posicionamiento satelital, bajo expresa advertencia de no destruir, ocultar ni alterar pruebas.

El alcance sobre las aguas de Malvinas y el "Doble Estándar" local

En los considerandos, la magistrada despejó cualquier ambigüedad geográfica o política: ratificó que las denominadas "aguas de Malvinas" o "ZEE disputada" son espacios marítimos bajo legítima e imprescriptible soberanía argentina (Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y Leyes 23.968 y 27.557). Asimismo, fundamentó que la tutela cautelar abarca desde la milla 12 hasta las 200 millas náuticas e incluye la franja costera de las 12 millas de dominio fueguino para evitar que la flota eluda la orden refugiándose contra la costa insular. Excluyó de la cautelar a la milla 201 por regirse transitoriamente bajo el régimen de alta mar de la CONVEMAR, cuestión reservada para la discusión de fondo.

Respecto a las once empresas pesqueras radicadas en Argentina —incluidas firmas con cuotas nacionales como Bricel, Estrella Patagónica (EPSA), CONARPESA, Iberconsa, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, PESANTAR, Vieira Argentina y Ulises Castagnaro—, la jueza alcanzó a disponer una cautelar directa sobre ellas por tratarse de titulares de permisos nacionales vigentes. Sin embargo, libró oficios con plazo de 10 días a la Secretaría de Pesca de la Nación y al Consejo Federal Pesquero (CFP) para que informen si estas compañías presentaron las declaraciones juradas del artículo 27 bis de la Ley 24.922 (que prohíbe vínculos con buques que faenan sin permiso en Malvinas) y si existen sumarios para aplicar la caducidad automática de permisos y cuotas prevista en el artículo 28.

A su vez, difirió la resolución sobre bancos españoles (Santander, ABANCA, CaixaBank, Sabadell), astilleros y aseguradoras hasta tanto se individualicen las operaciones financieras y contratos específicos que sustentan los buques infractores.

El primer golpe judicial al despojo documentado desde 1989

La resolución de la Dra. Mariel Borruto y el acompañamiento del Fiscal Federal Dr. Marcelo Rapoport marcan un quiebre de 37 años de pasividad estatal. Tal como documentan los informes científicos del INIDEP incorporados a la causa (Informes Técnicos Oficiales 033/22, 016/24, 008/24, 008/25, 009/25, 026/25, 006/26 y de Asesoramiento 069/26), la flota extranjera opera en Malvinas interceptando el mismo ecosistema marino y las mismas poblaciones biológicas de calamar (Illex y Loligo) y merluza (hubbsi y negra) que sustentan la plataforma continental argentina, quebrando la regla de escape biológico y vaciando los reproductores del Mar Argentino.

El análisis del Dr. César Lerena, impulsor de la demanda junto a al Dr. Eduardo Barcesat, sintetiza el valor geopolítico de este pronunciamiento:

“Es muy reconfortante conocer la ejemplar y emblemática resolución de la Dra. Mariel E. Borruto y el Dictamen del Fiscal Marcelo Rapoport, que nos anima a seguir 'a brazo partido' en defensa del interés colectivo. Esta acción positiva de la justicia nos ayuda a pensar que las organizaciones no gubernamentales pueden romper esta inercia o dependencia en la que los ciudadanos quedamos a la espera de que los gobiernos de turno den respuestas adecuadas frente al daño del medio ambiente y la apropiación de nuestros recursos naturales”.

Con la orden de abstención notificada y el plazo de 10 días corriendo para las armadoras en Vigo y Marín, el saqueo colonial de 4,1 millones de toneladas acumuladas ha dejado de ser un debate diplomático estéril.

Por primera vez, los tribunales de la República Argentina emplazaron con nombre y apellido a los beneficiarios de la expoliación, fijando un precedente procesal que pone en jaque la continuidad del modelo pesquero de ocupación en el Atlántico Sur.