— La controversia jurídica internacional entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña por la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte ingresó en su fase oral definitiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM / ITLOS) fijó formalmente las fechas del 10 y 11 de noviembre de 2026 para llevar a cabo las audiencias públicas donde se debatirá la solicitud de medidas provisionales urgentes presentada por la Casa Rosada contra el proyecto Sea Lion.

La convocatoria quedó oficializada a través de una ordenanza procesal rubricada por el magistrado camerunés Maurice K. Kamga, en la cual el tribunal permanente con sede en Hamburgo, Alemania, asignó la carátula formal al expediente: “Caso sobre la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra el Reino Unido), relativo a medidas provisionales”.

La celeridad del cronograma fijado por el tribunal responde a los plazos sumarios contemplados en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mecanismo activado por la Argentina el pasado 13 de octubre luego de que venciera el ultimátum de dos semanas otorgado a Londres para ordenar el cese de las actividades.

La batalla en el estrado de Hamburgo

Durante las jornadas del 10 y 11 de noviembre, las delegaciones jurídicas de ambos Estados deberán fundamentar sus posiciones ante el pleno de 21 jueces de distintas nacionalidades:

• La posición argentina: El equipo técnico —articulado por la Consejería Legal de la Cancillería al mando del embajador Mario Oyarzábal, la Secretaría de Legal y Técnica conducida por María Ibarzabal y la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio— buscará acreditar la urgencia procesal y el daño irreparable que acarrea la extracción de recursos no renovables. Buenos Aires requerirá que el TIDM obligue al Reino Unido a:

1.    Suspender de manera inmediata cualquier fase operativa, perforación o desarrollo vinculado a Sea Lion.

2.    Prohibir la utilización, comercialización o transferencia de los datos técnicos, geológicos y geofísicos obtenidos en la plataforma continental en disputa.

3.    Cesar las conductas que obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones ambientales de preservación del medio marino (artículos 192 y 194 de CONVEMAR).

4.    Abstenerse de otorgar nuevos permisos o licencias que agraven el diferendo reconocido por las Naciones Unidas en su Resolución 31/49.

• La estrategia británica: Whitehall acudirá a la audiencia habiendo reconocido previamente en Westminster que las resoluciones del TIDM son “vinculantes para las partes”. No obstante, Downing Street buscará impugnar la competencia prima facie del tribunal, alegando que la CONVEMAR carece de atribuciones para intervenir en diferendos donde subyace un reclamo de soberanía territorial terrestre no resuelto.

Dos carriles distintos: la urgencia cautelar frente al arbitraje de fondo

La fijación de audiencias deja al descubierto la bifurcación procesal diseñada por la diplomacia argentina:

1.    El arbitraje principal (Anexo VII): La demanda de fondo notificada formalmente el 28 de septiembre para juzgar la ilicitud de los actos unilaterales británicos tramitará ante un tribunal arbitral especial de cinco miembros. Ese cuerpo todavía no se encuentra constituido y su conformación definitiva, sumada a la sustanciación de memorias y réplicas, demandará varios años de litigio.

2.    La tutela urgente en el TIDM: Ante el riesgo de que el consorcio integrado por la operadora israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration consolide hechos consumados en el mar —tras haber adquirido recientemente la plataforma flotante OSX-1 e iniciar las adecuaciones técnicas para perforar pozos de desarrollo—, la Argentina acudió al tribunal permanente de Hamburgo. Esta instancia tiene facultades autónomas para dictar medidas de no innovar que congelen la situación física del área hasta que el tribunal del Anexo VII asuma plenamente la causa.

Tensión diplomática en la antesala de las audiencias

El llamado a los estrados alemanes converge con un tablero regional y corporativo en ebullición. Mientras Gran Bretaña aprobó contrarreloj su legislación de bloqueo comercial (Protection of Trading Interests Act - PTI) para impedir que sus firmas acaten sanciones argentinas e intimó a Interpol para dar de baja alertas rojas, el consorcio extractivo ya padeció la deserción de contratistas clave —con el retiro emblemático de la estadounidense Halliburton Company— y enfrenta la demanda ambiental colectiva radicada en el Juzgado Federal de Río Grande.

Apenas veinte días separan a Buenos Aires y Londres de la apertura de los alegatos en Hamburgo. Con el antecedente unánime de la Fragata Libertad en la memoria jurídica del Palacio San Martín, la Argentina sentará a la potencia ocupante frente a los magistrados del Derecho del Mar para dirimir si la maquinaria extractiva de Sea Lion queda frenada por una orden judicial internacional antes del cierre de 2026.