En medio de la creciente indignación nacional por la cumbre comercial que se desarrolla en Punta Arenas entre empresarios chilenos y corporaciones de la ocupación británica, el canciller argentino Pablo Quirno rompió el silencio este mediodía. En declaraciones a Radio La Red —recogidas por el diario Ámbito Financiero—, el titular del Palacio San Martín afirmó que el Gobierno argentino "monitorea" de cerca la ronda de negocios y lanzó una advertencia diplomática: "Esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos".

Sin embargo, detrás de la apelación a los acuerdos vigentes, las palabras de Quirno expusieron una llamativa complacencia: el ministro argentino eligió desvincular al gobierno de José Antonio Kast de la maniobra, reduciendo la apertura del corredor marítimo con las islas a una iniciativa aislada de la municipalidad magallánica, el mismo día que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, ratificaran que los ciudadanos chilenos “pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos mientras se ajusten a la legislación vigente", incluida las Islas Malvinas. 

La ficción oficial: Separar a Kast de la logística de Magallanes

En su intervención radial, Quirno intentó minimizar el impacto de la cumbre que congregó a cerca de 90 empresas en el Hotel Cabo de Hornos:

"Actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático", señaló el canciller argentino, tras asegurar que lo ocurrido en el sur responde a la órbita local del intendente Claudio Radonich y no a una política de Estado de La Moneda.

Esta distinción ensayada por el funcionario argentino choca de frente con la realidad política e institucional de Chile. Porque no fueron solo el propio subsecretario del Interior o el Canciller de Kast, quienes blindaron públicamente la operatoria al ratificar que los ciudadanos y empresas chilenas tienen derecho a comerciar con el enclave colonial desde sus puertos; sino que días antes, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, no solo justificó la ruta de la naviera Easter Island, sino que calificó al Reino Unido como un "país amigo", reconoció su ejercicio de soberanía de facto y relativizó los acuerdos del Mercosur como compromisos meramente "políticos y no obligatorios legalmente".

Pretender que la habilitación de un puerto de aguas profundas, la participación de navieras de bandera chilena y la presencia de delegaciones comerciales británicas son un simple "tema municipal" desactiva la presión sobre el verdadero responsable político: el gobierno central de Santiago.

La apelación al pacto Milei-Kast

Para justificar su postura, Quirno se aferró a la reunión que Javier Milei y Kast mantuvieron en Santiago el pasado 3 de septiembre. El canciller aseguró que la relación bilateral es "muy fluida e intensa", remarcando que "ambos gobiernos acordaron que Chile no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas" y sosteniendo que no tienen motivos para dudar de la palabra empeñada.

El problema radica en que esa palabra ya fue vulnerada en los hechos:

• El compromiso desmentido en los muelles: El documento del 3 de septiembre consignó que Argentina valoraría los esfuerzos de Chile para "evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada". Sin embargo, la ruta que zarpará en noviembre llevará materiales de construcción, maquinaria, repuestos y gas licuado, insumos que constituyen la retaguardia indispensable para abaratar los costos del enclave y viabilizar el proyecto petrolero Sea Lion.
• La omisión de los consensos regionales: Quirno evitó denunciar formalmente la violación de la Declaración del Mercosur de 2011, suscripta por Chile en Montevideo, que prohíbe de manera expresa la asistencia y recalada portuaria a buques o actividades vinculadas a la controversia colonial.

Decir que la Argentina "sigue monitoreando" mientras en Punta Arenas se alistan para zarpar hacia Puerto Argentino con pabellón chileno es una renuncia de facto a la defensa activa de nuestros derechos soberanos.

La diplomacia de la contemplación y los pedidos de "buena fe" a un gobierno que respalda el comercio con el invasor debilitan la posición argentina. Si la Cancillería se niega a confrontar a La Moneda y disfraza el auxilio colonial de "asunto municipal", no está ejerciendo la prudencia diplomática: está concediendo en silencio la consolidación de un puente logístico que pulveriza los tratados bilaterales y oxigena la usurpación británica en el Atlántico Sur.