El conflicto geopolítico y judicial por el radar de capitales británicos e irlandeses instalado en la estancia "El Relincho”, en la provincia de Tierra del Fuego está lejos de cerrarse y ha entrado en una fase de abierta resistencia corporativa.

En su última jornada ordinaria de trabajo del pasado jueves 25, la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura recibió en la sala de comisiones al Dr. Gustavo F. González, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, en un encuentro que los parlamentarios calificaron como un aporte institucional clave para el avance de la causa.

Sin embargo, las conclusiones que dejó la audiencia y el análisis del expediente encendieron las luces de alerta: la firma LeoLabs Argentina S.R.L. ha montado una agresiva estrategia legal y administrativa para sostener el radar en Tolhuin, desafiando el espíritu de los reclamos soberanos.

La corporación resiste y busca llegar a la Corte Suprema

Conocida la contraofensiva por parte del propio magistrado, presidente de la Comisión, Pablo Villegas (MPF), fue tajante al término de la reunión al afirmar que “está claro que la empresa no tiene intenciones de dejar la Provincia ni las operaciones con el radar”.

El valor del fallo emitido el pasado mes de mayo, por el juez González; radicó en que fue mucho más allá de la mera disolución societaria que había solicitado la Inspección General de Justicia (IGJ): el magistrado decretó la nulidad del otorgamiento de la habilitación por estrictas razones de interés público.

Ante este escenario, y en una maniobra que coincidió con el desarrollo de la propia reunión legislativa, el apoderado de LeoLabs Pablo Bilbao apeló la sentencia, planteó una medida recusatoria al fallo del magistrado y formalizó la reserva del caso federal, con el evidente objetivo de forzar que la discusión sea elevada de forma directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, la resolución se encuentra bajo revisión en la Cámara Civil.

Una infraestructura intacta y sin certificación técnica

Uno de los puntos más preocupantes que se debatió en el seno del cuerpo —del que participaron los legisladores Villegas, Juan Carlos Pino, Raúl Von Der Thusen, Laura Colazo, Federico Sciurano, Natalia Graciania, Gisela Dos Santos y Matías Lapadula— es la falta de certezas técnicas sobre el estado real del sensor inglés instalado en 2022.

Si bien Villegas indicó que, de acuerdo con la información disponible para la Comisión, el radar no estaría operando actualmente, admitió con cautela que “la Comisión aún no cuenta con un informe técnico fehaciente que certifique que el radar está fuera de operación”. Lo único concreto es que la infraestructura física y el campo de antenas permanecen completamente intactos en el predio original desde el primer día de su emplazamiento, esperando un dictamen pericial concluyente.

La batalla paralela en la Jefatura de Gabinete Nacional

La resistencia de LeoLabs no se agota en los tribunales de Tierra del Fuego. En forma paralela se conoció que en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación tramita de forma activa un recurso de revisión articulado por la empresa. Con este procedimiento, la firma de capitales británicos busca revertir la cancelación del otorgamiento original que en su momento dispuso la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Nación, confirmando que continúa activa y presionando en los despachos federales para recuperar sus licencias radioeléctricas.

Un expediente de 5 mil fojas y un plazo que corre

Ante la complejidad del entramado y la contraofensiva de la empresa, los integrantes de la Comisión Investigadora acordaron una modalidad de trabajo orientada al estudio exhaustivo del extenso material documental acumulado, el cual ya asciende a aproximadamente 5 mil fojas.

Aunque el cuerpo parlamentario tiene prevista una fecha estimada de finalización para el mes de septiembre, el propio Villegas ya admitió que ese plazo puede quedar corto y no descartó la posibilidad de solicitar una prórroga formal a la Cámara en función del volumen de actividad y las derivaciones que demande la investigación.