— En cumplimiento de su cronograma de inversiones de capital (CAPEX) para la Cuenca Malvinas Norte, la compañía británica Rockhopper Exploration plc formalizó este miércoles en la Bolsa de Valores de Londres (AIM) un acuerdo para adquirir su cuota parte proporcional del buque factoría FPSO OSX-1.

Mediante una notificación oficial a los mercados, la firma anunció la suscripción de USD 44 millones en acciones ordinarias de una sociedad de propósito especial (Special Purpose Vehicle - SPV) constituida específicamente para ser la titular registral y propietaria del buque. Dicho desembolso cubre el 35% del costo de adquisición de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, presupuestada en aproximadamente USD 125 millones, mientras que el 65% restante corresponde a su socia y operadora de la concesión, la israelí Navitas Petroleum.

La estructura societaria: el estándar naval e hidrocarburífero

El reporte financiero de Rockhopper describe la arquitectura jurídica habitual utilizada en el mercado marítimo e hidrocarburífero internacional para la compra conjunta de grandes unidades navales:

• Principio de aislamiento patrimonial: La SPV es una compañía privada de reciente conformación cuyo único activo es la plataforma OSX-1, careciendo de historial comercial previo. En el derecho marítimo y en el financiamiento estructurado (project finance), el principio de One Ship, One Company constituye un estándar técnico: permite individualizar los riesgos de navegación y siniestralidad del buque, habilitando además la hipoteca naval limpia requerida por aseguradoras y entidades financieras para las obras de adecuación.
• Proporcionalidad contractual: La sociedad instrumental funciona como el vehículo societario neutro donde Navitas y Rockhopper consolidan sus aportes de capital sin necesidad de fusionar sus estructuras matrices, replicando de forma exacta el reparto de las licencias del proyecto Sea Lion (65% Navitas / 35% Rockhopper).
• Fondos propios y costos de tenencia: Rockhopper financiará los USD 44 millones con su liquidez de caja existente —reforzada tras su reciente captación de capital por USD 200 millones en los mercados europeos—. Adicionalmente, estimó que afrontará costos netos de tenencia (holding costs) por USD 1,4 millones al año mientras se definen las tareas de reacondicionamiento en astilleros.

Ejecución de inversiones frente al asedio legal

La formalización de este desembolso no constituye una maniobra imprevista, sino la ejecución directa del preacuerdo corporativo anunciado públicamente por Navitas el pasado 24 de agosto de 2026, antes de que la Casa Rosada activara el procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y de que vencieran los plazos de intimación a Londres.

Sin embargo, el hecho de que el consorcio continúe comprometiendo partidas millonarias en fierros navales adquiere una lectura geopolítica crítica en el contexto actual:

1.   Persistencia del cronograma de inversión frente a las bajas: El giro de fondos se materializa apenas dos días después de que Navitas y Rockhopper informaran formalmente a las bolsas de Tel Aviv y Londres que dos empresas contratistas decidieron rescindir sus contratos y no prestarán servicios en Malvinas, golpe que tuvo como antecedente directo el retiro de la gigante estadounidense Halliburton Company para resguardar sus operaciones en Vaca Muerta y la plataforma continental argentina bajo los alcances de la Ley 26.659.

2.   El frente penal y la cautelar fueguina: El movimiento corporativo no altera la condición procesal de las compañías ante la Justicia argentina. Ambas firmas continúan bajo el cerco judicial de la causa ambiental colectiva que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Mariel Borruto —con la reciente adhesión procesal de la Municipalidad de Río Grande—, así como bajo los exhortos diplomáticos cursados por los jueces federales Ariel Lijo y Julián Ercolini en Comodoro Py para certificar las responsabilidades de sus directorios.

3.   Plazos internacionales en marcha: Mientras el consorcio proyecta alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) para el Área Central en 2028 e iniciar la extracción con el OSX-1 en 2030, la Cancillería argentina mantiene activo el cómputo del plazo de dos semanas previo a la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.

Al transferir los USD 44 millones a la sociedad propietaria del OSX-1, las petroleras ratifican su intención de sostener la hoja de ruta extractiva a golpe de billetera. La disputa en el Atlántico Sur entra en un pulso decisivo: de un lado, el consorcio internacional asegurando activos flotantes para configurar un hecho consumado; del otro, el Estado argentino y la jurisdicción fueguina profundizando las acciones legales y diplomáticas para quebrar la logística que hace posible la explotación ilegítima de los recursos soberanos.