— Consumado el plazo perentorio de catorce días otorgado por la Casa Rosada al Reino Unido de Gran Bretaña sin que mediara un cese en las actividades extractivas en el Atlántico Sur, la República Argentina avanza hacia la fase judicial internacional directa. El gobierno nacional formalizará en las próximas horas su solicitud de medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para ordenar la paralización inmediata de todas las tareas vinculadas al proyecto Sea Lion.

La presentación se inscribe dentro del procedimiento de arbitraje interestatal reglado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), formalmente notificado por Buenos Aires el mes pasado. Ante la falta de respuesta positiva de Downing Street —que se cumple el próximo lunes—, el Estado argentino activará las facultades jurisdiccionales del tribunal marítimo para impedir la alteración irreversible de los recursos no renovables en la plataforma continental.

La delimitación técnica: frenar el crudo sin someter la soberanía de fondo

La arquitectura del escrito judicial que elevará el Palacio San Martín descansa en una precisión doctrinaria indispensable:

• El objeto procesal en Hamburgo: La demanda no somete a la decisión del TIDM la controversia territorial histórica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur —materia reservada al marco de descolonización de la Resolución 2065 (XX) de la ONU—. El objeto estricto del reclamo es la violación del régimen de la CONVEMAR y de la Resolución 31/49, la cual prohíbe de manera taxativa que una de las partes introduzca modificaciones unilaterales en los recursos naturales mientras persista el diferendo.
• El antecedente de la Fragata Libertad: El equipo a cargo de la demanda está bajo la órbita de la Consejería Legal de la Cancillería, liderada por el embajador Mario Oyarzábal, especialista en litigios internacionales. La Argentina apela así a la misma instancia jurisdiccional multilateral de 21 jueces que en diciembre de 2012 dictó una medida cautelar unánime ordenando a la República de Ghana la inmediata e incondicional liberación del buque escuela de la Armada Argentina.

El frente corporativo en retroceso y el cerco integral

La presentación ante el Tribunal de Hamburgo llega en un escenario de creciente fragilidad para el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la operadora israelí Navitas Petroleum:

1.   Golpe financiero y deserción de contratistas: En su reciente intervención ante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el canciller Pablo Quirno expuso el impacto concreto de las advertencias argentinas sobre el mercado de capitales. Ambos papeles sufrieron desplomes bursátiles (17,9% Rockhopper en Londres y 11,5% Navitas en Tel Aviv), forzando a la asamblea colonial a pedir auxilio a Londres. El canciller ponderó además la deserción de proveedores clave como la estadounidense Halliburton Company, que notificó su negativa a brindar servicios en las islas para blindar sus operaciones en Vaca Muerta al amparo de la Ley 26.659.

2.   La causa fueguina y los exhortos de Comodoro Py: La vía internacional converge con las resoluciones en el ámbito doméstico. La medida cautelar de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto —con la participación activa del Municipio de Río Grande en el expediente ambiental colectivo—, y los requerimientos librados por los jueces federales Ariel Lijo y Julián Ercolini hacia Londres y Tel Aviv para indagar a los directores de las petroleras, cierran el cerco sobre la cadena de responsabilidades.

3.   El incidente con Thales UK: El endurecimiento del tablero sumó el flanco de seguridad aerocomercial tras las denuncias penales impulsadas contra la británica Thales UK Limited por la realización de vuelos clandestinos no autorizados entre Malvinas y Punta Arenas, tensando la logística austral.

Al ingresar formalmente a la mesa de deliberaciones de los jueces de Hamburgo, la República Argentina colocará la explotación ilegal de hidrocarburos bajo el escrutinio del derecho del mar internacional. Agotadas las instancias conminatorias directas, el Estado argentino buscará que las medidas provisionales congelen los trabajos en el Atlántico Sur antes de que las multinacionales logren consumar la extracción ilegítima prevista para 2028.