En el gobierno de la provincia de Buenos Aires se encendieron las alarmas tras el memorándum de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina.

Este viernes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cursó un pedido de acceso a la información para que la AGP explique en qué consiste y cuáles son los alcances de convenio que llevará a ingenieros de Estados Unidos a ese enclave estratégico para Argentina y los países de la región.

El Congreso de Estados Unidos autorizó el año pasado a los ingenieros de su país para trabajar en temas de navegación, catástrofes naturales y otras tareas, pero con el telón de fondo de monitorear y evitar la presencia de China.

Como lo había adelantado LPO, el gobierno paraguayo siempre tuvo la intención de sumar los ingenieros de las fuerzas militares estadounidense para terminar el tramo paraguayo de la ruta marítima. Sin embargo, se topó con la resistencia de la oposición y las provincias del Norte Grande que calificaron la movida como una violación de la soberanía toda vez que la movida no contaba con la autorización de ninguno de los dos Congresos.

Según trascendió, el memorándum de entendimiento cuenta con la firma del secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio González Botto; del Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; del interventor de la AGP, Gastón Benvenuto y del representante del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para Latinoamérica, Adriel McConnell.

El gobierno de Kicillof fundamenta su derecho a contar con información sobre lo que sucede en la Hidrovía toda vez que la provincia de Buenos Aires integra el Consejo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. En ese consejo se sientan además las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Ese ente -argumentó Bianco en el pedido de información al que LPO pudo tener acceso- tiene como misión velar por la adecuada prestación de servicios, la protección de los usuarios, el resguardo de los bienes de dominio público del Estado Nacional y el cumplimiento de leyes, reglamentos y marcos contractuales de la vía navegable troncal.

El ministro de Gobierno consideró que el convenio entre la AGP y el ejército de Estados Unidos "podría tener efectos directos" sobre los bonaerenses y sobre la gestión que el gobierno provincial desarrolla en la vía navegable.

Por eso, el gobierno de Kicillof le exigió al gobierno nacional una copia de los antecedentes administrativos y documentación que hubieran dado origen al memorándum. Copia del memorándum en cuestión. Copia de todo acuerdo o compromiso asumido entre ambas instituciones que fueran el resultado de la suscripción del memorándum de entendimiento. Y por último, información detallada sobre los funcionarios que participaron de la negociación y suscripción del memorándum.

En paralelo, en la Legislatura bonaerense también hubo movimientos sobre el tema. El diputado provincial Gustavo Pulti -presidente de la Comisión de Intereses Marítimos- también presentó un escrito dirigido al interventor de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, para exigir de forma inmediata que le otorgue "estado público al contenido del acta firmada con el Ejército de Estados Unidos, sin ningún tipo de participación del Congreso, ni de la Cancillería".

El ex intendente de Mar del Plata Guillermo Moreno calificó al memorándum como "un hecho de inusitada gravedad institucional que nos alerta sobre lo que está sucediendo en distintos órdenes en nuestro país".

Dijo además que "se están produciendo una serie de hechos consumados que ponen el jaque a nuestra soberanía, una realidad que debemos revertir reuniendo a todos los sectores decididos a defender el interés nacional de los argentinos".

Fuente:

La Política Online

Por Agenda Malvinas