En un acto de deslumbrante miopía política y una sumisión alarmante al capital extranjero, la provincia de Río Negro, con la anuencia tácita del gobierno nacional, está ultimando los detalles para la entrega de un sector estratégico de la Patagonia a los intereses de un magnate qatarí.
Lejos de promover un desarrollo local soberano y sustentable, la administración de Alberto Weretilneck celebra como un triunfo la venta de 10.000 hectáreas en la prístina meseta de Baguales, cerca de Bariloche, al empresario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, un burócrata ligado a la corte real de Qatar cuya fortuna nace del manejo de monopolios estatales, no de la innovación.
Este negocio, disfrazado de “inversión”, constituye un gravísimo precedente de enajenación de recursos naturales vitales: agua pura de deshielo, bosques únicos y la potencial energía que de ellos emana.
El proyecto, que incluye tres microcentrales hidroeléctricas y un fastuoso complejo turístico de lujo “autosuficiente”, es la materialización de un sueño neocolonial: acaparar fuentes de agua con concesiones por 30 años y controlar territorios de altísimo valor ambiental para beneficio de una élite extranjera.
Mientras, el gobierno provincial, en una demostración de mediocridad intelectual, se limita a hacer gala de su papel de simple vendedor de mercancías, tal como lo expone su boletín oficial “Invierte Río Negro”, donde Weretilneck enumera con orgullo peras y manzanas para exportar, omitiendo deliberadamente que lo que realmente está poniendo en la mesa de negociación es la soberanía sobre bienes comunes estratégicos. Esta perspectiva reduccionista, que equipara la venta de alfalfa con la entrega de cuencas hídricas, revela una falta de visión y de proyecto de provincia -y de país- aberrante.
La operación no es un hecho aislado, sino el síntoma de una política de Estado impulsada desde el gobierno de Javier Milei, que ve en la Patagonia no un ecosistema frágil y un reservorio de vida, sino un activo a rematar al mejor postor global. La urgencia por atraer divisas a cualquier costo sacrifica el futuro en el altar de un presente ficticio.
El perfil del comprador, un administrador de rentas petroleras, es emblemático: no llega para crear industria ni tecnología, sino para trasplantar un modelo de enclave, controlar un recurso escaso y explotar la imagen de paraíso natural para un turismo ultraexclusivo.
La “agenda de trabajo conjunta” de la que alardea el Gobernador rionegrino es, en esencia, el protocolo de una capitulación. El debate ya no es sobre desarrollo, sino sobre la defensa de lo último que nos queda: el agua, el paisaje y el derecho a decidir sobre ellos. La Patagonia no está en venta, pero sus gobernantes están empeñados en regalarla.