El resurgir de una nueva SIDE en la gestión libertaria, versión actualizada de la tenebrosa Secretaría de Inteligencia del Estado con la que la dictadura cívico militar llevó adelante los hechos más aberrantes entre 1976 y 1983, ahora bajo un nuevo esquema de control y vigilancia; es reestablecida para actuar otra vez, en contra de la privacidad y el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Todo ello ocurre, mientras el gobierno de Javier Milei realizó recortes drásticos en todas las dependencias del Estado nacional. Aunque en este caso y de manera inversa, es el área de inteligencia y espionaje quien recibe un aumento fue más que significativo de partidas presupuestarias. Sumándose a ello, la difusión de una directiva secreta emitida por la SIDE a fines de enero pasado pone blanco sobre negro sobre sus alcances.
Se trata de la instrucción, firmada por el director de Operaciones, Diego Kravetz, que establece “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” y “actores no estatales” que puedan “capitalizar la creciente polarización política” de Argentina. Esto a pesar de que la SIDE no debería hacer inteligencia sobre la política interna.
La orden tiene como finalidad recopilar toda la información posible sobre estos actores y profundizar en sus “capacidades y motivaciones”, además de investigar su impacto en la estructura política y social del país.
El mandato apunta a producir informes que serán enviados a las máximas autoridades del organismo de inteligencia. También especifica que el monitoreo debe extenderse a “actores estatales” extranjeros que puedan “influir en el desarrollo político” a través de “ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos”, sin aclarar quiénes serían estos actores.
Sin embargo, el alcance de la orden no deja lugar a dudas: el objetivo es perseguir toda expresión contraria al Gobierno de “La Libertad Avanza” y sus políticas económicas.
La directiva incluye a lo que califican como “actores sociales vulnerables”, lo cual indica el intento de control sobre movimientos sociales, periodistas y analistas que cuestionan las decisiones del Gobierno. El paralelismo con la última dictadura militar es nefasto y evidente.
Esas directivas forman parte de un programa estratégico de largo plazo publicado por la propia SIDE y llamado Plan de Inteligencia Nacional (PIN). En ese marco, el organismo prevé “recopilar información” sobre actores como piqueteros, movimientos sociales y otras organizaciones sociales.
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