No estamos ante un simple "error de comunicación" ni una "opinión personal" del presidente Javier Milei. Las declaraciones brindadas al medio británico The Telegraph, donde supedita la recuperación de las Islas Malvinas al "deseo" de la población implantada, constituyen una confesión pública de abandono de la soberanía nacional inadmisible.

Estas declaraciones no son un hecho aislado, ya fueron pronunciadas por Milei el 2 de abril de 2025 y están concatenadas con sus afirmaciones anteriores durante su gira por Estados Unidos a finales de mayo de 2024 (en Palo Alto/San Francisco, California), cuando admitió que era “un topo para destruir el Estado desde adentro”. Expresiones manifestadas por Milei en una entrevista concedida a la periodista Bari Weiss del medio estadounidense The Free Press; adelantando sus propósitos para conseguir los objetivos de debilitar los derechos de Argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, sus aguas correspondientes y la Antártida.

Igualmente, se trata de una política institucional ya pergeñada antes de ascender a la primera magistratura que quedó de manifiesto por las declaraciones de Diana Mondino -primera canciller de la era Milei-, quién ya, en setiembre de 2023; expresó en una entrevista también con el medio británico The Telegraph; que "los derechos de los isleños serán respetados y que no se puede imponer una decisión”. Sugiriendo que éstos debieran decidir su destino.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (reformada en 1994 y aprobada por unanimidad en la Asamblea Constituyente), "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el pleno ejercicio de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y de conformidad con los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

Esta cláusula, incorporada como mandato constitucional, obliga a todo funcionario público, más aún al Presidente, a defenderla activamente, bajo pena de incumplimiento de sus deberes constitucionales. Si las instituciones de la República -el Congreso y la Justicia- no actúan de inmediato para poner freno y destituir al mandatario, estarán validando, por omisión, la disolución de la Nación tal como la conocemos desde su fundación.

El "Deseo" como arma de destrucción masiva

Para quienes no están familiarizados con los pasillos de la diplomacia, la diferencia entre "intereses" (lo que dice nuestra Constitución y la ONU) y "deseos" (lo que dice Milei) puede parecer semántica. pero no lo es.

Respetar los Intereses significa garantizar que los habitantes de las islas mantengan su propiedad, su idioma y su forma de vida tras la restitución. Es un gesto de paz y derecho. Aceptar los deseos significa entregarles la llave de la soberanía. Es reconocerles el derecho de "autodeterminación". Un principio que la ONU ha rechazado tajantemente para Malvinas porque se trata de una colonia insertada por la fuerza tras una usurpación.

Esta posición se sustenta en resoluciones claves de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Resolución 2065 (XX) de 1965, que reconoce la disputa por las Malvinas como un caso de colonialismo y urge a Argentina y el Reino Unido a negociar una solución pacífica, considerando los "intereses" de los habitantes, pero no sus "deseos" de autodeterminación, ya que se trata de una población implantada tras la usurpación británica de 1833.

Anteriormente, resoluciones como la 1514 (XV) de 1960 (Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales) y posteriormente la 2625 (XXV) de 1970; enfatizan que la autodeterminación no aplica cuando viola la integridad territorial de un Estado colonial en proceso de descolonización, rechazando cualquier intento de fragmentar territorios para perpetuar el control colonial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó explícitamente las propuestas británicas para incluir la autodeterminación en resoluciones sobre Malvinas, reafirmando que no es aplicable a una colonia implantada.

Al decir que las islas volverán "cuando los isleños lo deseen", Milei no está negociando; está capitulando. Está reconociendo al invasor como el único árbitro legítimo de una disputa que costó la sangre de 649 argentinos.

Traición a la Patria y Mal Desempeño

Nuestra Constitución Nacional, no deja margen a la interpretación: la recuperación de las Malvinas es un objetivo "permanente e irrenunciable". Un presidente que declara lo contrario está en abierta rebeldía contra la Carta Magna que juró defender.

Jurídicamente, los dichos de un Jefe de Estado obligan al país ante la comunidad internacional, y para demostrar que los argentinos y las argentinas no acompañan esta política de secesión que está entregando los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida a Gran Bretaña; corresponde la destitución del Presidente de la Nación.

Londres ya celebra. Los ocupantes ya utilizan sus palabras para blindar la usurpación de 1.620.000 kilómetros cuadrados de mar, pesca y petróleo. Esto configura, objetivamente, los causales de Juicio Político por mal desempeño y la sospecha fundada de Traición a la Patria.

No hay matices: o el Presidente ignora las leyes básicas de la Nación que dirige, o está trabajando activamente para los intereses británicos y de la OTAN. En ambos casos, es inhábil para el cargo.

La última frontera de la República

La gravedad de la situación es terminal. Si el Congreso de la Nación no activa los mecanismos de remoción y la Justicia no investiga esta entrega de la soberanía territorial y con ella, los activos estratégicos de la Nación, el contrato social argentino se habrá roto definitivamente.

La historia enseña que cuando las instituciones fallan en proteger la integridad del suelo patrio frente a la entrega colonial, el pueblo se siente desamparado de toda legalidad. Si no se le pone un freno constitucional ahora, el futuro de la Argentina como Estado soberano, quedará herido de muerte.

No se trata de ideologías políticas, de izquierdas o derechas. Se trata de la supervivencia de la Argentina. Si un presidente puede regalar el territorio y condicionar la soberanía al arbitrio del usurpador sin consecuencias, entonces la Nación ha dejado de existir. Es el juicio político o la disolución nacional.