La Agencia Nacional de Puertos intimó al gobierno de Gustavo Melella por el uso de la recaudación de fondos de la terminal portuaria de Ushuaia para financiar la obra social provincial. El conflicto, que tiene a la vista un marco legal estricto, deja al descubierto la tensión política y económica entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, con un futuro incierto.
La tranquilidad administrativa en el sur del país se ha visto agitada por un duro emplazamiento de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) al gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La medida, motivada por una denuncia sindical, le exige al Poder Ejecutivo provincial una explicación en un plazo de cinco días hábiles por el desvío de fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) hacia la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
La notificación, fechada el 5 de septiembre de 2025, considera la sanción de la Ley provincial N° 1596 como un "incumplimiento grave" de la normativa vigente. De acuerdo con el documento, el uso de ingresos portuarios para un fin ajeno a la actividad, como el financiamiento de un sistema de salud, viola de manera explícita la Ley Nacional de Actividades Portuarias N° 24.093.
Según la denuncia de Juan Avellaneda, Secretario General de la Unión de Personal Superior Ferroviario, que es quien presentó el reclamo a la Nación, la cifra que el gobierno provincial busca tomar del puerto para la obra social es de $7.400 millones. Cifra que surge en el contexto de la multimillonaria deuda que acumula la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a sus prestadores.
Un marco legal restrictivo
La principal fundamentación del organismo nacional reside en la cláusula séptima del convenio portuario. Esta cláusula es taxativa: establece que los ingresos del puerto deben ser "contabilizados independientemente de rentas generales provinciales" y aplicados "exclusivamente" para gastos de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria.
La comunicación, firmada por el Director Ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreysegor, subraya "la gravedad de la falta y las consecuencias que de ello se derivan no sólo para la actividad portuaria del Puerto de Ushuaia, sino también para la República Argentina". La nota fue enviada con copia a las máximas autoridades provinciales, incluyendo a la vicegobernadora Mónica Urquiza, al jefe de Gabinete Agustín Tita y a los directivos de la DPP, lo que subraya la formalidad y severidad del reclamo.
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