— La posible reapertura formal de las rutas marítimas de abastecimiento comercial entre el extremo sur de Chile y las Islas Malvinas generó una inmediata reacción política en el Congreso de la Nación. A través de un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados, el legislador Guillermo Michel (Unión por la Patria) propuso que el Gobierno nacional denuncie formalmente dos convenios bilaterales clave que otorgan privilegios tributarios y resguardo jurídico a las empresas chilenas radicadas en la Argentina.

La iniciativa apunta a desmontar el paraguas normativo que hoy permite a los grandes conglomerados económicos trasandinos tributar con alícuotas reducidas al momento de girar dividendos, utilidades y regalías al exterior. El detonante directo es el inicio de operaciones del buque Danstar, perteneciente a la firma Easter Island Naviera, programado para el próximo mes de noviembre a fin de restablecer una línea logística permanente entre Punta Arenas y el archipiélago usurpado.

Los acuerdos bajo la lupa: el costo fiscal de asistir a la ocupación

El texto normativo presentado por Michel instruye a la Cancillería a notificar el cese y retiro de la República Argentina de dos instrumentos aprobados por ley:

1.   Tratado de Inversiones (Ley 24.342): El Convenio sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, suscripto en 1991, que otorga garantías extraordinarias de estabilidad y acceso a tribunales arbitrales internacionales a capitales chilenos en suelo nacional.

2.   Convenio de Doble Imposición (Ley 27.274): El régimen tributario bilateral que establece techos a las retenciones impositivas aplicables a las remesas al exterior por ganancias, dividendos, intereses bancarios y asistencia técnica generadas por firmas chilenas en el país.

La denuncia de un tratado internacional —mecanismo previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados— constituye la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de desvincularse de un pacto sin que ello conlleve la ruptura de relaciones diplomáticas. Al quedar sin efecto estos instrumentos, los holdings chilenos pasarían a tributar bajo el régimen general de la Ley de Impuesto a las Ganancias argentina, elevando sustancialmente la carga fiscal sobre sus operaciones en el mercado interno.

“No pueden tener ventajas si juegan en contra de la causa nacional”

En los fundamentos de la propuesta, el legislador entrerriano remarcó que la defensa territorial debe traducirse en costos concretos para aquellos actores económicos de la región que asistan el engranaje colonial británico:

“El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, enfatizó Michel.

El proyecto fundamenta su articulado en la Ley 26.659 (y su modificatoria 26.915), que prohíbe el desarrollo de actividades y la provisión de logística a operaciones en la Plataforma Continental Argentina sin autorización expresa del Estado soberano. Sobre esa base, el texto postula que las sanciones no deben limitarse a las petroleras que operan en el yacimiento Sea Lion, sino extenderse al andamiaje comercial de soporte:

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, advirtió el legislador.

Un torniquete sobre el corredor austral

El proyecto de ley se inserta en un escenario de creciente presión sobre la logística del Cono Sur:

• Sectores alcanzados: De prosperar la iniciativa, impactaría en compañías de capitales chilenos con peso estratégico en consumo masivo, retail, energía y forestoindustria en la Argentina, encareciendo su giro financiero hacia sus casas matrices.
• Coordinación legislativa: La propuesta complementa la carta formal elevada recientemente por senadores y diputados nacionales a los presidentes de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, en la que se les exigió clausurar puertos y redoblar los controles aduaneros para asfixiar las actividades británicas en aguas disputadas.
• El antecedente de los vuelos: La reactivación de la conexión naval por parte del Danstar profundiza los roces abiertos semanas atrás por los vuelos de la firma militar británica Thales UK entre Punta Arenas y la base militar de Monte Agradable, que ya motivaron denuncias penales en la justicia federal.

La iniciativa traslada por primera vez la controversia del Atlántico Sur al terreno impositivo corporativo: mientras la diplomacia británica y las petroleras buscan asegurar vías de suministro desde las costas continentales vecinas, el Parlamento argentino debate si es hora de pasar de las quejas formales a un régimen de costos fiscales directos para quienes presten auxilio logístico al enclave colonial.