Como novedad en el lucrativo rubro de la pesca en el Atlántico Sur, luego del saqueo ilegal de 175 toneladas de merluza negra en 2024 con el buque Tai An, el empresario chino Liu Zhijiang contrató al abogado mediático Fernando Burlando y denunció al Consejo de Pesca por supuestas coimas en la designación de cuotas de pesca. 

En las sombras de su accionar se oculta un negocio que le ha proporcionado ganancias millonarias a costa de la sustentabilidad del recurso pesquero y de la transparencia institucional.

Lo que en apariencia comienza como una acusación por sobornos en el Consejo Federal Pesquero (CFP) rápidamente apunta a una trama de concentración económica y favoritismos por parte de unas pocas empresas, entre ellas PRODESUR, que ha dominado en la captura de la codiciada Merluza Negra. 

Si bien el año pasado se detectó la pesca ilegal a partir de la denuncia de otras empresas que dominan el sector, queda claro que la pesca ilegal fue al menos hasta hace poco tiempo una práctica recurrente en la compañía del excéntrico empresario.

Esta conclusión deriva de su cercanía política con las autoridades, la falta de control y las medidas tomadas después del descubrimiento del delito. 

Por ejemplo, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, llegó a solicitar previo al delito la designación de un excedente de cuotas de pesca en favor de PRODESUR. 

Incluso el mandatario figura en fotografías junto al multimillonario al presentar un proyecto para construir una nueva ciudad en la provincia, preso de una suerte de delirio de magnate de facto, creando una sociedad distópica y paralela al Estado fueguino. 

A su vez, luego de descubrir el cargamento ilegal, se produjo la renuncia de altos funcionarios nacionales. Y la multa original fue reducida a la mitad, evidenciando la influencia y contactos que maneja Liu Zhijiang.

Los registros públicos indican que las ganancias por la venta de Merluza Negra alcanzaron cifras estratosféricas, elevando a unos pocos actores a una posición de privilegio, mientras las instituciones pesqueras están sumidas en una alarmante opacidad.

La denuncia presentada ahora ante la Justicia Federal de Comodoro Py expone un escenario donde el empresario chino nacionalizado argentino responsabiliza a funcionarios y grandes empresarios por un sistema que, en la práctica, ha favorecido su enriquecimiento exponencial.

Beneficio económico que logró muy posiblemente con la recurrencia de las prácticas clandestinas, debido a la monopolización de los recursos marinos y la falta de fiscalización por parte del Estado. 

La acusación de Liu Zhijiang sostiene que la Resolución 15/24, emitida con vísperas del proceso de reparto para el período 2025–2039, fue dictada bajo claras irregularidades, y denuncia coimas recibidas por las autoridades del sector. 

Las cifras de la cesión de cuotas reflejan la concentración del negocio: firmas como Argenova, Estremar/San Arawa y la Pesquera de la Patagonia acapararon las principales porciones, dejando a PRODESUR en condiciones decrecientes y con recursos menguantes.

El abogado mediático Burlando, contratado por Zhijiang en un acto que raya lo polémico, no solo representa a una de las empresas que más ganancia ha obtenido de este sistema irregular durante años, sino que la inversión millonaria en sus honorarios revela que el dueño de PRODESUR no escatima en pagar los costos de una estrategia de impunidad.

A pesar de la relevancia de estos hechos, en Tierra del Fuego la información pública resulta escasa, dejando en la sombra la magnitud de la corrupción y el daño ambiental que la deficiente gestión, connivencias y prácticas monopólicas han causado. 

Mientras tanto, PRODESUR y su propietario no muestran signos de arrepentimiento. La contratación de uno de los abogados más polémicos y caros del país, revela que su verdadera intención es mantener su dominio en un mercado altamente lucrativo, independientemente del daño ambiental o la legalidad de sus acciones. 

La historia de PRODESUR y Liu Zhijiang es, sin duda, un reflejo de cómo en Argentina los intereses económicos muchas veces prevalecen sobre la transparencia, la soberanía y la protección de los intereses nacionales.

En este marco, la magnitud del daño ambiental, la concentración del poder económico y la sospecha de sobornos en la gestión de las cuotas pesqueras ameritan no solo una profunda investigación, sino también una revisión del sistema de asignación en busca de mayor transparencia, control y protección para todos los argentinos. 

Solo así se podrá garantizar una gestión pesquera responsable y sustentable.