En la antesala de las actividades oficiales de la delegación argentina en Francia —encabezada por el presidente Javier Milei junto a trece gobernadores de provincias en busca de inversiones y cooperación estratégica—, el canciller Pablo Quirno pormenorizó la arquitectura jurídica con la que la Casa Rosada busca paralizar el desarrollo petrolero británico en la Cuenca Malvinas Norte.

El titular del Palacio San Martín desgranó los fundamentos que motivaron la apertura del procedimiento arbitral interestatal reglado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), conminando formalmente al Reino Unido a detener todas las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion en un plazo perentorio de dos semanas.

“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, sentenció Quirno, marcando un quiebre en la tradición de litigiosidad exterior argentina: “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a lo que es la explotación de hidrocarburos”.

La urgencia operativa: frenar el primer barril de 2028

Quirno ubicó la necesidad de recurrir a la sede jurisdiccional de Hamburgo (Alemania) en los propios cronogramas divulgados por el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum:

• Ventana de contención temporal: Ante los planes corporativos que proyectan iniciar perforaciones en 2027 y bombear el primer barril comercial en el primer trimestre de 2028, el canciller enfatizó: “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas. Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”.
• Violación del marco multilateral: El funcionario remarcó que las perforaciones a 220 kilómetros al norte del archipiélago se asientan sobre la Plataforma Continental Argentina y colisionan con las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la ONU, señalando que la segunda veda de modo taxativo los actos unilaterales que innoven la situación en disputa.
• Rechazo a la inercia colonial: “No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas. Si no te querés sentar a negociar, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, subrayó en rechazo a las posturas británicas asentadas en Naciones Unidas.

Presión sobre bancos, contratistas y proveedores globales

El eje central del mensaje exterior se dirigió a la cadena de suministros y al sistema bancario que estructura el apalancamiento crediticio de las petroleras. Frente a las recientes captaciones de capital por USD 200 millones reportadas por Rockhopper en la City de Londres, Quirno trazó una línea divisoria para los directorios transnacionales:

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, advirtió, apuntando a los activos de Vaca Muerta y el offshore continental.

El canciller hizo extensivo el cerco a los fondos de inversión: “Los financiadores también están contribuyendo justamente a que se pueda realizar esta explotación”. Ante la posibilidad de que entidades que fondeen a Navitas o Rockhopper aspiren a canalizar créditos hacia el Estado o firmas radicadas en el país, el ministro alertó que deberán evaluar “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”. En ese sentido, aseguró que las principales compañías globales del sector ya transmitieron que evitarán involucrarse en las islas para no arriesgar sus activos en el continente.

Respuestas sobre el tablero regional y el plano interno

Durante su intervención, Quirno abordó otros dos frentes sensibles de la agenda austral:

1.   El rol de Chile y los vuelos de Thales UK: Tras confirmarse las denuncias penales por vuelos no autorizados de la firma Thales UK entre Malvinas y Punta Arenas, el canciller respaldó el compromiso suscripto el 3 de septiembre con el presidente chileno José Antonio Kast, quien aseguró que no brindará apoyo logístico a la explotación británica. Frente a expresiones divergentes de mandos castrenses trasandinos sobre la ocupación de hecho, zanjó: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.

2.   Defensa de la Ley de Soberanía Nacional: Requirió el tratamiento del proyecto oficial que tramita en el Congreso frente a las críticas de sectores constitucionales y periodísticos sobre los artículos que tipifican penas de 5 a 12 años por “desinformación masiva”. Quirno descartó que implique mordazas: “La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión; hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”, argumentando que el conflicto contemporáneo por los recursos no se dirime «a los tiros» sino mediante herramientas de presión económica, jurídica e híbrida.

Con la intimación diplomática corriendo sus plazos perentorios y la justicia federal fueguina avanzando en la causa colectiva con la incorporación del Municipio de Río Grande, la Casa Rosada busca cerrar filas en Europa. La gira por Francia pone a prueba el intento gubernamental de contraponer el atractivo de las cuencas continentales frente al costo reputacional y procesal que implicará sostener el enclave colonial en el Atlántico Sur.

Fuente:

Infobae