En la sede de la Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sarmiento 761), la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial dio inicio este viernes a la ronda de testimoniales a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández. 

El primero en comparecer fue el exministro de Defensa de la Nación y actual diputado nacional, Jorge Enrique Taiana, quien arribó puntualmente a las 15:30 horas acompañado por una comitiva integrada por su exjefe de Gabinete en la cartera militar, Dr. Héctor Mazzei; su vocera de prensa, Milagros Malamud; su secretaria privada y dos colaboradoras técnicas. A lo largo de la audiencia, su equipo intervino en reiteradas ocasiones para aportar fechas y precisiones sobre los actos administrativos dictados entre junio de 2023 y el 10 de diciembre de ese mismo año. 

El "enterarse por los diarios" y el bypass institucional 

La declaración de Taiana dejó expuesta una falla estructural en el control soberano del Estado. El exministro confesó que tomó conocimiento de la existencia del radar de LeoLabs en Tolhuin recién en el mes de junio de 2023, a través de publicaciones e investigaciones periodísticas que advertían sobre el origen británico de los capitales y sus potenciales capacidades de uso dual. 

Taiana explicó que, tras la alarma pública, se comunicó de forma inmediata con el entonces canciller Santiago Cafiero, quien le manifestó que en el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco existía registro ni notificación oficial previa sobre el emplazamiento. Ante este cuadro, el exfuncionario denunció una flagrante vulneración y un "salteo" a las dos carteras rectoras de la soberanía nacional —Defensa y Cancillería— por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación, área que en 2022 había emitido la Disposición Nº 8/22 con la autorización precaria de frecuencias. 

Al referirse a la firma de dicha autorización, Taiana dudó de la trayectoria o capacidad del exsubsecretario de Telecomunicaciones, Mariano Lombardi, a quien describió como un funcionario "muy joven", de escaso conocimiento y trayectoria técnica para un área tan sensible, remarcando desconocer los canales y padrinazgos mediante los cuales llegó a ocupar dicho cargo y a convalidar semejante resolución.

La ausencia de protocolo y la inacción material

Durante la audiencia, se le pidió al exministro esclarecer por qué las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa no procedieron al secuestro o retiro material compulsivo del radar en la Estancia "El Relincho", una vez que los informes técnicos de la CONAE, el INVAP y el Estado Mayor Conjunto determinaron de forma concluyente que el sensor representaba una amenaza cierta a la seguridad nacional y vulneraba la soberanía territorial. 

Taiana justificó la abstención de las FF.AA. amparándose en el marco legal vigente: sostuvo que tanto la Constitución Nacional como la Ley de Seguridad Interior prohíben taxativamente la intervención militar en cuestiones de orden o seguridad interna, estando reservadas las Fuerzas Armadas exclusivamente para repeler agresiones bélicas de origen estatal externo. 

Sin embargo, ante dos repreguntas puntuales sobre cuál es el protocolo por escrito y qué mecanismos normativos unificados prevé el Estado federal para autorizar o vetar el ingreso al país de tecnologías de punta con capacidad de uso dual, ni Taiana ni sus colaboradores pudieron brindar precisiones ni exhibir un procedimiento reglado. La falta de una respuesta clara dejó en evidencia un grave vacío reglamentario y una severa falta de celo fiscal en la custodia de los intereses estratégicos de la Nación, lo que posibilitó que el proyecto avanzara sin ser detectado por los radares de control del propio Estado.

La responsabilidad directa sobre el Gobierno de Tierra del Fuego 

En al menos dos pasajes de su testimonio, el exministro de Defensa fue enfático al deslindar la responsabilidad operativa en el plano local: afirmó categóricamente que la potestad, la competencia legal y la responsabilidad absoluta para proceder al desarme y retiro material del radar recaían y recaen sobre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Taiana aseveró que la administración que encabeza el gobernador Gustavo Melella contaba con plenas atribuciones institucionales para ejecutar la clausura definitiva y disponer el desmantelamiento físico de las antenas, señalando que si existiera la voluntad política de neutralizar el peligro que representa la instalación en términos de soberanía, el Ejecutivo fueguino podría haberlo resuelto en su propia jurisdicción.

La agenda de la Comisión Especial en la Capital Federal continuará este lunes 21 de septiembre: a las 09:30 horas será el turno del extitular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, mientras que a las 15:30 horas comparecerá el expresidente del ENACOM, Dr. Gustavo López.