El Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande rechazó la denuncia presentada por el militar y veterano de la guerra de Malvinas, Jorge Taranto, contra dos exsoldados que declararon en su contra. Taranto intentó así abrir, una causa paralela por presunto falso testimonio, pero no logró su cometido.
La resolución de la jueza federal Mariel Borruto fue categórica y no le permitió constituirse como querellante para intentar modificar el curso del expediente por torturas y crímenes de lesa humanidad a los propios subalternos durante el conflicto bélico de 1982.
Taranto, quien participó como subteniente en la guerra, había presentado una denuncia ante el Tribunal Federal de Río Grande, en la que acusaba a dos soldados por “falso testimonio” y cuestionaba el accionar de funcionarios judiciales, entre ellos la ex jueza Lilian Herráez y el fiscal Marcelo Rapoport.
La jueza Borruto expresó en su fallo que “aceptar este tipo de maniobras permitiría a cualquier imputado abrir causas paralelas para deslegitimar testimonios en su contra, generando contradicciones procesales y poniendo en riesgo la coherencia judicial”, lo que llevó a la desestimación de la denuncia “por inexistencia de delito”.
El militar adujo que había sido víctima de falsedades por parte de algunos testigos y que esas declaraciones habrían sido utilizadas por el fiscal para tenerlo como “rehén de esta investigación de violencia institucional”.
Sin embargo, en la última resolución de la magistrada se recuerda que la denuncia de Taranto no determinó claramente la conducta delictiva específica de los funcionarios judiciales, limitándose a acusarlos de haber utilizado dolosamente declaraciones para perjudicarlo, sin ofrecer una descripción mínima que permita tipificar esa conducta.
“Cualquier investigación en curso sobre declaraciones de los testigos Rodríguez y Pérez ya está en marcha en el expediente FCR 6300-1777/2007, y en ese proceso el denunciante debe ejercer su defensa para controvertir dichos testimonios”, sentenció Borruto.
Añadió que “permitir que un imputado se constituya como querellante en una causa paralela, con el objetivo de atacar la base testimonial del expediente principal, genera el peligro de contradicciones y afecta la coherencia del sistema judicial”.
Por su parte, el comunicado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata refuerza la posición judicial, señalando que “la causa por torturas en Malvinas no es un caso aislado ni menor”, y que “el expediente central acumula más de 200 testimonios de víctimas, documentación militar que lo respalda y ha sido validado por múltiples instancias judiciales nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Según remarcan desde el CECIM, “esta maniobra forma parte de una estrategia de victimización mediática por parte del imputado para intentar dilatar y justificar su actitud de no haber sido indagado en casi 18 años y seguir negando los hechos”.
Se trata de estrategias que buscan desacreditar a los denunciantes y sostener una narrativa de autoexculpación, en un contexto en el que la Justicia continúa avanzando en el esclarecimiento de estos crímenes de guerra.
"La resolución judicial dictada el 12 de mayo es una pieza más que evidencia lo que venimos sosteniendo desde hace años: que el único lobby real es el que impidió, durante casi dos décadas, que los responsables de graves crímenes durante la guerra respondan ante la justicia. Que lo que existe es un proceso judicial robusto, legítimo, con participación de víctimas, querellas, fiscales, jueces y organismos internacionales. Que no hay persecución ni ficción, sino hechos, pruebas y denuncias concretas", sostienen los ex combatientes de La Plata.
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