— Consumado el vencimiento del plazo perentorio concedido a Londres sin que mediara un cese en las tareas extractivas, la República Argentina activó de manera formal la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). A través de una presentación elevada en la sede del organismo en Hamburgo, Alemania, el Estado argentino solicitó la adopción urgente de medidas provisionales vinculantes para paralizar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

La acción jurídica internacional —inscripta en el marco del arbitraje interestatal reglado por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) notificado el pasado 28 de septiembre— se sustenta en el artículo 290, párrafo 5, del tratado multilateral. Dicha cláusula habilita al tribunal permanente a dictar órdenes de no innovar de carácter perentorio mientras se completa la constitución del tribunal arbitral definitivo, cuya conformación de cinco miembros suele demandar varios años.

Los cuatro puntos del reclamo argentino ante los 21 jueces

El escrito internacional fue articulado técnicamente por la Consejería Legal de la Cancillería, bajo la conducción del embajador Mario Oyarzábal, con la intervención de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio.

Tras la comunicación oficial emitida por la Oficina del Presidente, el canciller Pablo Quirno pormenorizó las cuatro medidas provisionales requeridas a los magistrados internacionales:

1.   Paralización inmediata de Sea Lion: Que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de cualquier actividad de explotación y desarrollo de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte vinculada al consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

2.   Interdicción sobre datos exploratorios y geológicos: Que Gran Bretaña se abstenga de utilizar, comercializar o transferir la información técnica, sísmica y geofísica obtenida durante las exploraciones en las áreas en litigio en perjuicio de los derechos soberanos de la República Argentina.

3.   Tutela ambiental marina (Artículos 192 y 194 de CONVEMAR): Que el Reino Unido cese de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales argentinas para proteger y preservar el medio marino, evitando daños y alteraciones ecológicas irreversibles en el lecho y subsuelo de la plataforma.

4.   Veto a nuevos permisos unilaterales: Que Londres se abstenga de adoptar cualquier medida que agrave la controversia internacional reconocida por la ONU, vedando de manera taxativa el otorgamiento de nuevas licencias petroleras en los espacios marítimos disputados.

La estrategia: cuestionar actos unilaterales sin entrampar la soberanía

La arquitectura jurídica planteada por Buenos Aires sortea de forma deliberada la trampa procesal de la soberanía de fondo. Como el TIDM carece de facultades para dirimir la disputa territorial histórica —circunscripta al proceso de descolonización de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU—, el planteo argentino se concentra en la infracción flagrante a la Resolución 31/49, que prohíbe introducir modificaciones unilaterales en la zona litigiosa.

Al tratarse de la extracción de hidrocarburos —recursos naturales no renovables cuyo expolio produce un daño material irreparable y de imposible restitución posterior—, la Argentina acreditó la urgencia procesal necesaria para que el TIDM asuma jurisdicción prima facie.

El camino rememora el antecedente de diciembre de 2012, cuando el tribunal de Hamburgo tardó exactamente un mes en ordenar por unanimidad a Ghana la liberación incondicional de la Fragata ARA Libertad, así como la controversia de 2015 entre Ghana y Costa de Marfil, donde una sala del TIDM suspendió nuevas perforaciones petroleras en áreas marítimas disputadas.

Un consorcio jaqueado por la fuga de contratistas y el asedio legal

La formalización del reclamo en Alemania golpea a las petroleras en su momento de mayor vulnerabilidad operativa:

• Deserciones en la cadena de suministros: Hace escasos días, la operadora israelí Navitas Petroleum admitió ante la Autoridad de Valores de Tel Aviv que dos contratistas clave rompieron sus contratos para no operar en Malvinas por temor a las sanciones del régimen argentino (Ley 26.659), tras la confirmación de la estadounidense Halliburton Company de no prestar servicios al proyecto para preservar sus negocios en Vaca Muerta.
• La triangulación del buque OSX-1: Pese a la crisis de proveedores, la británica Rockhopper Exploration desembolsó la semana pasada USD 44 millones en una sociedad de propósito específico (SPV) para asegurarse el 35% de la plataforma flotante adquirida por Navitas, intentando imponer hechos consumados en la Fase 2 del desarrollo.
• Presión coordinada: La acción en Hamburgo confluye con el frente interno, donde el amparo ambiental tramitado ante la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto —con la intervención activa del Municipio de Río Grande—, y los exhortos penales de Comodoro Py estrechan el cerco penal y corporativo.

Con el ingreso formal de la causa en el estrado de los 21 magistrados internacionales de Hamburgo, la controversia por los recursos del Atlántico Sur ingresa en una etapa definitoria. En las próximas semanas se sabrá si el tribunal marítimo dispone la orden de paralización que congelará la ingeniería del enclave colonial británico antes del inicio previsto de las perforaciones en el lecho soberano argentino.