— La ofensiva judicial entablada en los estrados fueguinos contra el expolio hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte sumó un contundente respaldo político e institucional de escala federal. En el marco de su asamblea plenaria, la Federación Argentina de Municipios (FAM) resolvió acompañar formalmente la decisión de la Municipalidad de Río Grande de intervenir como tercero interesado y litisconsorte en el amparo colectivo ambiental que tramita en el Juzgado Federal local contra las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El pronunciamiento de la entidad —creada por Ley Nacional 24.856 y que nuclea a más de 500 administraciones locales del territorio argentino— transformó la acción legal iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) en una causa territorializada y respaldada por gobiernos locales de todo el arco político y geográfico del país.

“Defender Malvinas también es actuar”: el rol de la capital nacional de la vigilia

Al término del plenario de la FAM, el intendente de Río Grande, Martín Perez, remarcó el valor del consenso alcanzado y la necesidad de pasar del plano discursivo a la intervención procesal efectiva para frenar la alteración irreversible del ecosistema marino austral:

“Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos. Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur; defender Malvinas también es actuar”, aseveró Perez.

El jefe comunal subrayó que la presentación ante el tribunal a cargo de la jueza Mariel Borruto incorpora de manera indivisible la dimensión ambiental a la disputa histórica: “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro. Río Grande es un faro de soberanía y debemos sostener esa defensa con decisiones concretas”.

Críticas a la política nacional y alerta por la Ley de Tierras

El debate en la asamblea de la FAM no se circunscribió únicamente al petróleo de la plataforma continental. A través de su Secretaría de Malvinas y Soberanía, la federación de intendentes emitió un documento crítico en el que advirtió sobre la contradicción de endurecer el discurso diplomático en foros internacionales mientras se desregula la soberanía territorial en el continente.

En su declaración, los intendentes:

• Cuestionaron el doble estándar oficial: Alertaron sobre el riesgo de que la bandera de Malvinas sea utilizada como una «cortina de humo» propagandística para ocultar políticas lesivas para la integridad territorial de las provincias.
• Rechazo a la extranjerización: Expresaron su preocupación y rechazo frente a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por motivos estrictamente formales y procesales, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, norma que derogó las restricciones y límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros (Ley 26.737).

Para los municipios, la entrega de territorio en zonas de frontera y cuencas hídricas continentales guarda una relación directa con el avance de las corporaciones británicas e israelíes en el mar circundante a Malvinas: ambas dinámicas amenazan la autonomía de los recursos estratégicos de la Nación.

Un frente jurídico que confluye con el escenario internacional

El aval federal de los municipios llega en una semana determinante para la causa de Malvinas en todos sus frentes:

1.   La vía de Hamburgo: Tras vencer el plazo del ultimátum del Poder Ejecutivo nacional, la Cancillería se dispone a radicar el pedido de medidas provisionales de cese ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) bajo el Anexo VII de la CONVEMAR.

2.   Debilidad en la logística petrolera: La operadora israelí Navitas reconoció ante las bolsas de valores la rescisión de contratos por parte de proveedores clave —como la estadounidense Halliburton— y admitió el riesgo cierto de demoras críticas en el cronograma extractivo.

3.   El cerco regional: Mientras en el Congreso nacional se debate quitar ventajas impositivas a compañías chilenas tras el anuncio del puente naval comercial Punta Arenas–Puerto Argentino con el carguero Danstar, los gobiernos locales del país cierran filas para blindar jurídicamente la plataforma continental.

Con el respaldo de más de medio millar de intendencias, la demanda ambiental radicada en Tierra del Fuego adquiere musculatura federal. La disputa por los recursos de Malvinas ya no es una causa aislada del extremo sur, sino un compromiso colectivo de los municipios argentinos para frenar, desde los tribunales propios, el expolio de la riqueza soberana.