Menos de 24 horas después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei prometió avanzar con rigor administrativo y penal contra la usurpación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dio el primer paso operativo. A través de la Cancillería, se formalizó la apertura de un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N.º 26.659 ("Ley Solanas"), que veda de manera taxativa la exploración, extracción, transporte y financiamiento de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización expresa de las autoridades de la República.

El sumario administrativo, que abarca a empresas, fondos de inversión, directores, consultoras técnicas y contratistas radicados en 11 jurisdicciones internacionales (Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey e Islas Vírgenes Británicas), pone la lupa sobre el corazón societario de Sea Lion.

La nómina estatal confirma punto por punto las publicaciones e investigaciones patrimoniales que Agenda Malvinas viene revelando de forma sostenida a lo largo de los últimos años.

Radiografía de las 45 sancionadas: los actores clave investigados por este medio

El listado de la Cancillería desagrega la cadena de valor que sostiene el andamiaje del proyecto en la Cuenca Malvinas Norte y los bloques adyacentes:

NÓMINA DE ENTIDADES Y PERSONAS BAJO SUMARIO

1.  GRUPO NAVITAS (Operadora 65% Sea Lion):

• Empresas: Navitas Petroleum Dev. & Prod. Ltd / Navitas Atlantic Ltd.

• Fondos/Accionistas: Harel, Migdal, The Phoenix, Meitav. 

• Directivos/Socios: Gideon Tadmor Cohen, Boaz Tadmor, Amit Kornhauser, Yacob Katz, Jonathan Sternberg.

 2. GRUPO ROCKHOPPER (Socia 35%):

 • Empresas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Ltd / (Oil) Ltd.

 • Fondos: Noked Capital, Exodus Management, Ion Fund, Aedos Advisers. 

 • Directores ejecutivos: Samuel "Sam" Moody y William Rees Perry.  

3. GRUPO JHI / ECO ATLANTIC (Bloque PL001):    

• Empresas: JHI Associates Inc., JHI Falklands Inc., Eco Atlantic.    

• Financistas: Canaccord Genuity, CIBC Asset, Avanza Bank, Westmount.

• Accionistas clave: Moshe Peterburg, Askar Alshinbayev, Coronation.  

4. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y AUDITORÍA:

• Noble Corporation (Plataformas) + Accionistas (AP Moller, Vanguard, First Eagle, Dimensional).                                   

• Netherland, Sewell & Associates Inc. (NSAI) (Certificadora técnica).

• Fugro NV (Geotécnica y relevamiento submarino).

• Borders & Southern Falkland Islands Ltd. y sus accionistas.

De las operadoras a los bancos de la City y las consultoras de reservas 

El aspecto probatorio más saliente del proceso abierto por la Cancillería es que abandona la sanción abstracta sobre los sellos corporativos y apunta a los engranajes financieros y técnicos que este medio documentó al detalle:

• Sam Moody y Gideon Tadmor: El sumario individualiza a las cabezas visibles del consorcio extractivo. Samuel "Sam" Moody, director ejecutivo de Rockhopper, y Gideon Tadmor, presidente de Navitas y pionero del desarrollo gasífero en el Mediterráneo oriental, son los artífices de la compra de las plataformas flotantes de producción (FPSO Aoka Mizu y FPSO OSX-1) y de la planificación para perforar 38 nuevos pozos en el Área Central hacia 2028.
• Canaccord Genuity Limited: La inclusión de este gigante financiero con sede en Londres resulta neurálgica. Como informó este medio hace escasos días al analizar la colocación de USD 200 millones lanzada por Rockhopper, Canaccord actuó no solo como banco colocador (Joint Bookrunner) y asesor nómada (NOMAD), sino como el vehículo fiduciario (JerseyCo) mediante el cual la petrolera estructuró su emisión bursátil el 27 de agosto.
• Netherland, Sewell & Associates Inc. (NSAI): La consultora petrolera con base en Texas, Estados Unidos, fue la encargada de firmar los informes de certificación independiente de reservas publicados el 26 de agosto. Fue la firma que le infló el valor patrimonial a Rockhopper en USD 788 millones al reclasificar los recursos de la ilegal Cuenca Norte como reservas comercialmente viables, otorgándole el soporte técnico indispensable para salir a captar inversores en Londres.
• El desembarco en el Bloque PL001 (Eco Atlantic y Westmount): Las actuaciones sobre Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, sus subsidiarias canadienses de JHI y accionistas como Westmount Energy Limited ratifican la maniobra de expansión hacia los bloques contiguos a Sea Lion, una triangulación que consolida el control de la cuenca bajo capitales transnacionales.
• Flota y servicios costa afuera: El procedimiento involucra a Noble Corporation (uno de los mayores contratistas de plataformas de perforación marina a nivel mundial, controlado por fondos como Vanguard, AP Moller Holding y Dimensional) y a la neerlandesa Fugro NV, encargada de los estudios de ingeniería geotécnica del lecho marino para el anclaje de los buques tanque.

Antecedentes y el desafío de la aplicación real

En los considerandos de la medida, el Gobierno remarcó que «las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión», advirtiendo que quienes busquen lucrar con los recursos usurpados encontrarán «toda la firmeza de la ley».

Tanto Rockhopper como Navitas ya contaban con declaraciones de clandestinidad previas (Resoluciones de la Secretaría de Energía 133/2012 y 240/2022). La novedad radica en que el expediente de Cancillería busca hacer operativa la extensión de las inhabilitaciones a los directores a título personal, a los fondos institucionales de inversión (como Harel, Phoenix o Vanguard) y a las empresas logísticas y de consultoría.

La apertura del proceso sancionatorio confirma la gravedad del escenario denunciado: Sea Lion dejó de ser un proyecto hipotético para convertirse en una estructura transnacional en marcha. Ahora, el desafío del Estado argentino radicará en transformar las notificaciones administrativas en medidas cautelares efectivas y embargos internacionales, impidiendo que los bancos colocadores, las certificadoras texanas y las contratistas de plataformas sigan operando en la plataforma continental soberana con absoluta impunidad.