La presión federal, la movilización popular y el laberinto jurídico en el que quedó atrapada la Corte Suprema terminaron por obligar al Gobierno de Javier Milei a ejecutar un repliegue táctico de proporciones inéditas. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer, en una votación ajustada en general (124 afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones) el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", pero con una modificación medular: la incorporación de los artículos 38 y 39, que derogan de manera expresa el artículo 154 del DNU 70/23 y restituyen la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011.

A la hora de votar ese apartado específico (el Capítulo IV), el tablero reflejó una contundente mayoría transversal de 239 votos a favor, apenas 4 en contra y 6 abstenciones. Con el respaldo de más de dos tercios del recinto, la restitución de los límites a la compra de campos por parte de extranjeros quedó blindada para su regreso en segunda revisión al Senado. No obstante, detrás de la aparente capitulación libertaria subyace una calculada maniobra de rescate del núcleo central del programa económico oficial.

La moneda de cambio: Entregar tierras para blindar el DNU 70/23

El giro copernicano del oficialismo no respondió a una repentina vocación soberana, sino a un "manotazo de ahogado" conducido por Martín Menem y la Casa Rosada. Tras el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre que pretendió convalidar la derogación del régimen de tierras y la posterior marcha atrás con la cautelar ambiental del 9 de octubre ante el repudio social, la oposición había logrado unificar fuerzas para convocar a una sesión especial destinada a derogar el DNU 70/23 de cuajo.

Ante la inminencia de ver sepultado el megadecreto fundacional de la gestión —que ya contaba con rechazo formal en el Senado—, el oficialismo sacrificó el negocio inmobiliario de extranjeros para fracturar el quórum opositor y desactivar la sesión. Al conceder la reposición de la Ley 26.737, la Casa Rosada logró retener los más de 360 artículos restantes del DNU que desregulan el comercio, la legislación laboral, el sistema de salud y el control de precios.

Las trampas y advertencias detrás del festejo

Pese al alivio que representa sostener los topes del 15% departamental y las mil hectáreas en la zona núcleo, analistas y legisladores advirtieron que la ley sancionada contiene severos riesgos estructurales:

• La amenaza latente del veto: Desde Unión por la Patria, legisladores como Paula Penacca y Diego Giuliano remarcaron la contradicción de que La Libertad Avanza vote una norma que el propio Presidente intentó destruir en dos oportunidades. Aunque desde el Ejecutivo prometieron no vetar la restitución, no existen garantías formales de que Milei no utilice la lapicera presidencial una vez que el Senado ratifique el texto. De haber existido una voluntad genuina de recomponer el marco normativo, hubiera bastado con un decreto simple que anulara el artículo 154 en cinco minutos.
• La puerta trasera de la ciudadanía tarifada: La restitución formal de la ley convive con la política oficial de otorgamiento de residencia y ciudadanía argentina exprés para inversiones superiores a los 350.000 dólares. Para fondos transnacionales o magnates de Silicon Valley, adquirir la ciudadanía constituye un costo marginal para sortear cualquier restricción de extranjería y registrar activos estratégicos como personas jurídicas o humanas locales.
• El cepo a las obras públicas y el blindaje a privatizaciones: La media sanción incluyó modificaciones gravosas al régimen de expropiaciones. Al exigir causas de utilidad pública híper restrictivas y obligar al Estado al pago anticipado de lucro cesante (hasta un 30% adicional sobre el daño emergente), se imposibilita en los hechos la traza de rutas, gasoductos, tendidos eléctricos o acueductos, al tiempo que se blinda judicialmente cualquier intento futuro de reestatizar empresas privatizadas.
• Desalojos sumarísimos: El paquete incorpora el juicio sumarísimo para desalojos urbanos y rurales sin sentencia firme previa, un mecanismo diseñado a la medida de la criminalización de comunidades campesinas, originarias y sectores vulnerables.

Un freno táctico en un mapa bajo asedio

La restitución de la Ley de Tierras por una abrumadora mayoría de dos tercios ratifica que el patrimonio territorial y ambiental de la Argentina cuenta con un fuerte consenso de protección social que le pone límites a la desregulación forzada. Fue esa misma resistencia la que empujó a la Legislatura de Tierra del Fuego a debatir el proyecto de blindaje de activos provinciales presentado por Juan Matías Lapadula para salvaguardar la provincia bicontinental ante cualquier resquicio normativo nacional.

Sin embargo, el repliegue parlamentario del Gobierno no desarma los enclaves ya consolidados: el búnker "Wamani" de 32.000 hectáreas en la cordillera mendocina, la entrega por decreto provincial de parcelas frente al Perito Moreno a fondos emiratíes en Santa Cruz, la subasta de 38 hectáreas céntricas en Ushuaia o el alineamiento militar con el Comando Sur continúan operando. La batalla en Diputados demostró que la movilización popular puede torcer el brazo del despojo, pero la soberanía argentina continúa en estado de alerta frente a los atajos legales de la entrega colonial.