Bajo un manto de reserva absoluta que clausura cualquier control ciudadano y legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el Decreto 1205/2026, mediante el cual declara como "secreto militar" una nueva e indeterminada adquisición de equipamiento bélico para las Fuerzas Armadas. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, exceptúa a la operación contractual de los principios constitucionales de publicidad, transparencia y licitación pública que rigen las compras del Estado.

A diferencia de los decretos anteriores vinculados a la compra de los cazas F-16 a Dinamarca (370/24, 807/24, 1073/24 y 735/26), el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD no contiene ninguna especificación sobre la fuerza destinataria, el tipo de material, el costo fiscal ni el proveedor extranjero adjudicado. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó facultada de manera discrecional para instrumentar los pagos y contratos sin brindar precisiones técnicas a la opinión pública.

La escalada en el Atlántico Sur como telón de fondo

La publicación de esta compra reservada coincide con el momento de mayor tensión diplomática y estratégica entre la República Argentina y el Reino Unido en décadas. En las últimas semanas, la Casa Rosada impulsó un paquete de medidas contra el saqueo petrolero en la cuenca de Malvinas: sanciones administrativas y denuncias penales contra firmas que operan ilegalmente en el archipiélago, el inicio de un arbitraje ante la ONU en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar la explotación del yacimiento Sea Lion, y el anuncio formal de una base naval en Tierra del Fuego.

Desde Londres, el primer ministro británico Andy Burnham replicó advirtiendo que su país será "implacable" en la defensa de los ocupantes de las islas, mientras convocó a la embajadora argentina para formalizar una queja diplomática.

Pese a ese escenario de disputa soberana, fuentes oficiales intentaron moderar el impacto del decreto argumentando ante medios nacionales que el secreto “es una herramienta para resguardar la eficacia de los sistemas" y que "no implica un cambio en la posición sobre Malvinas”, la cual ratifican limitada al carril diplomático tradicional.

El contraste: Dólares para contratistas, haberes de pobreza para la tropa

El decreto se inscribe dentro de un proceso de reequipamiento y endeudamiento militar que, según relevamientos oficiales, ya implicó el compromiso de más de USD 445 millones desde fines de 2023:

• Los 24 cazas F-16 Fighting Falcon (con dos tandas ya recibidas y el contrato satélite con Raytheon por casi USD 400 millones en misiles AIM-120 AMRAAM).
• La compra de blindados Stryker 8x8 y helicópteros UH-60L Black Hawk bajo el sistema estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS).
• Los aviones de patrulla marítima P-3C Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones.
• A lo que se suma el pedido de autorización de endeudamiento en el Presupuesto 2027 por USD 3.500 millones para submarinos (Scorpène o Type 209NG) y fragatas de superficie.

La paradoja del modelo de Defensa libertario resulta evidente: mientras el Poder Ejecutivo rubrica contratos millonarios y ahora clasifica operaciones enteras bajo el secreto militar, el frente interno castrense atraviesa su crisis de subsistencia más severa.

La matriz de indefensión y subordinación

El recurso reiterado a los decretos de excepción —como el DNU 264/2026 para los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" o el DNU 650/2026 para enviar tropas a Panamá sin pasar por el Congreso— se complementa ahora con la opacidad contractual del Decreto 1205/2026.

La contradicción estratégica es absoluta:

1.    Desarme doctrinario propio: Se retiran de forma definitiva los cazabombarderos Super Étendard / SEM sin reemplazo aeronaval y se consuma el cierre operativo de la Base Aeronaval Punta Indio, replegando medios de búsqueda y rescate (SAR) y cediendo la presencia militar permanente en el Río de la Plata.

2.    Entrega de capacidades: Se impulsa la privatización encubierta de Fabricaciones Militares por 35 años a través de una UTE con mayoría privada extranjera, autoinhibiendo al Estado argentino de producir sus propias municiones y armas.

3.    Subordinación hemisférica: El país se integra a la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) del Comando Sur bajo los lineamientos de la "Doctrina Donroe", adoptando la noción anglosajona de los "Bienes Comunes Globales" para las aguas del Mar Argentino.

Ocultar las compras de pertrechos bajo el régimen de secreto militar no compensa el desmantelamiento operativo de fondo. Sin presupuesto para combustible, con arsenales privatizados y con sus soldados precarizados, el rearmamento opaco del Gobierno no configura un plan autónomo de Defensa Nacional frente a la usurpación de las Islas Malvinas, sino una aceleración del endeudamiento externo al servicio de intereses geopolíticos ajenos.