Frente al avance del corredor de abastecimiento marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y la seguidilla de amenazas políticas provenientes de legisladores trasandinos, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) sumó una nueva acción estratégica para golpear donde más duele: en los intereses económicos. Mediante una nota formal fechada este martes 13 de octubre de 2026, la entidad de veteranos de guerra manifestó su total adhesión y beneplácito al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el legislador Guillermo Michel, orientado a disponer la denuncia inmediata de los instrumentos internacionales que otorgan ventajas económicas y beneficios fiscales a las inversiones chilenas radicadas en la República Argentina.

El pronunciamiento, firmado por el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, y su secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, fija una postura tajante: si Chile opta por actuar como la retaguardia comercial y logística del usurpador británico, no puede pretender conservar privilegios tributarios ni facilidades para sus capitales en suelo argentino.

"Si hacen negocios ilegales, no pueden tener ventajas fiscales"

En la misiva enviada al diputado Michel, los excombatientes encuadran la iniciativa parlamentaria como la respuesta directa e indispensable a la operación montada desde Magallanes con el mercante Danstar, perteneciente a Easter Island Naviera y con fecha de zarpe inminente:

"Este proyecto es la respuesta al anuncio realizado por autoridades de Chile con el retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre del corriente año para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino mejorando así la logística de la usurpación", denuncia el escrito del CECIM.

A renglón seguido, la organización platense sintetiza la doctrina que debe regir frente a este desafío a la soberanía nacional:

"Esto significa una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas. Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país", subrayan Carrizo y Alonso.

Elevar el costo de la usurpación

La nota formal —destinada a incorporarse en el expediente legislativo correspondiente en el Congreso de la Nación— profundiza el concepto rector que el CECIM viene sosteniendo en sus sucesivas presentaciones administrativas y judiciales:

"La gestión estratégica que debemos establecer como mecanismo que incida en el reclamo de soberanía que la República Argentina sostiene en forma indeclinable, debe entre otras cuestiones, hacer cada día mayor el costo beneficio de la usurpación ilegal e ilegítima que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sostiene desde 1833, violando sistemáticamente resoluciones de Naciones Unidas".

La apelación de los veteranos apunta a revertir la pasividad oficial. Hasta el momento, mientras la Cancillería de Pablo Quirno apelaba a tibios pedidos de cumplimiento de tratados y buscaba reducir el conflicto a un "asunto municipal", sectores de la política chilena escalaron hasta amenazar con bloquear buques argentinos o cortar los pasos terrestres a Tierra del Fuego.

El frente económico: Una herramienta concreta

La adhesión al proyecto de Guillermo Michel complementa la carta documento con la que el propio CECIM intimó días atrás al canciller Quirno a aplicar las inhabilitaciones y multas de la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026 contra Easter Island Naviera, sus directivos y los prestadores de agenciamiento y logística.

Con esta nueva presentación, los excombatientes trasladan el conflicto al terreno de la asimetría económica real: los grandes grupos económicos chilenos mantienen fuertes inversiones en la Argentina en los sectores de retail (minorista), energía, servicios forestales y agroindustria, amparados por convenios bilaterales para evitar la doble tributación y tratados de protección de inversiones. Denunciar esos instrumentos implica encarecer drásticamente sus operaciones y quitarles exenciones tributarias de carácter millonario.

Si la dirigencia chilena prioriza captar los dividendos de la ocupación colonial y prestar su bandera para abaratar el saqueo hidrocarburífero del proyecto Sea Lion, el Estado argentino cuenta con herramientas legítimas en el plano soberano. El mensaje del CECIM La Plata es categórico: la hermandad regional y los beneficios tributarios son incompatibles con la complicidad logística con la potencia usurpadora en el Atlántico Sur.